Las plazas residenciales

La amenaza de pérdida de 1.800 plazas residenciales concertadas de personas dependientes en la Comunitat Valenciana, denunciada estos días por familiares de afectados, sindicatos y la patronal de residencias privadas, muestra claramente la irresponsabilidad de la derecha gobernante en la Generalitat desde hace muchos años, pero también pone de relieve, a tenor incluso de las denuncias realizadas por algunos responsables del partido socialista con argumentos justos y sólidos, que entre unos y otros siguen escamoteando lo principal. Y es que, como suele decirse, no se puede mear hacia el cielo y luego lamentar que caiga una lluvia dorada.
La ley de Dependencia aprobada durante el primer gobierno de Zapatero, junto con los innegables avances en materia de protección social presenta dos fallos graves (entre otros). Primero, la ley no establece mecanismos que permitan garantizar prestaciones asistenciales equiparables para las personas dependientes de todas las comunidades autónomas. Segundo, tampoco hay una previsión presupuestaria que establezca con carácter estable y prioritario la suficiencia financiera necesaria para poder atender regularmente a las personas dependientes. Fruto de estas omisiones o como se les quiera llamar, somos los ciudadanos y ciudadanas quienes, además de sufrir los recortes
sociales que se vienen produciendo, igualmente hemos de padecer un constante
rifi-rafe entre los dos partidos mayoritarios, que ante la opinión pública tratan victimista y espureamente de evadir su propia responsabilidad resaltando la del otro.
Con respecto a la UE, España siempre ha tenido un gasto social muy inferior a la media; con respecto a las demás comunidades autónomas, el País Valencià se viene situando a la cola en gasto social desde que gobierna el PP. En nuestro país, de la mano de uno y otro partido mayoritario, la construcción del estado de bienestar social ya erigido en otros países europeos pronto sucumbió a la presiones neoliberales de una sociedad del bienestar que implicaba la desresponsabilización de las administraciones públicas.
Incluso en tiempos de bonanza, en lugar de construir equipamientos sociales como las residencias de mayores los sucesivos gobiernos de los dos partidos mayoritarios optaron por las privatizaciones, externalizaciones y concertaciones de servicios y prestaciones (sociales, educativas, sanitarias), mucho más baratas. Y actualmente, con un desempleo y precarización laboral galopantes, asistimos a una nueva vuelta de tuerca basada en restringir aun más los derechos sociales y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, la atención de las personas dependientes y la garantía de unos
servicios públicos y prestaciones sociales suficientes y de calidad siempre deberían supeditarse a las necesidades mayoritarias de la población, nunca a los intereses y veleidades de los gobernantes de turno como ocurre ahora. Eso nada tiene que ver, además, con un sistema democrático, por mucho que traten de disfrazarse tales hechos de una u otra forma.
Frente a tanta manipulación, las únicas alternativas para garantizar el bienestar social mayoritario siguen siendo los gobiernos y las polÌticas de izquierdas..