El sistema educativo público de la Comunitat Valenciana afronta un inicio de curso caracterizado por los recortes: los económicos ya eran conocidos, tal como este periódico ha publicado a lo largo de las últimas semanas. Y ayer, el sindicato FETE cifró en 1.222 la reducción del número de profesores respecto al curso anterior, por la disminución de los programas de refuerzo en Primaria y Secundaria, y de los grupos desdoblados en FP. Esta decisión amenaza, además, con provocar un aumento del fracaso escolar que ya se sitúa en el 32,5%, más de un punto por encima de la media española. El recorte en profesorado supondrá un ahorro a las arcas públicas de unos 50 millones de euros, que sumados a los casi 60 millones de rebajas en otros programas denunciados días atrás por el sindicato Stepv arroja una cifra provisional de 110 millones en reducciones presupuestarias en enseñanza.
Si aplicar la tijera de esta forma en lo que representa la inversión más importante para el futuro de cualquier sociedad, la formación de las nuevas generaciones, es una temeridad en todo momento y lugar, hacerlo en una época de cambio económico y tecnológico como la que estamos viviendo resulta disparatado por más que la tacañería en esta partida esté en consonancia con la que padecen las otras dos grandes competencias de la Generalitat, la sanidad y la justicia. Los tres principales tajos políticos autonómicos están sufriendo privaciones y estrecheces. Y el motivo es evidente: las prioridades han sido durante años otras y ahora toca pagar la factura.
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