Y ahora... ¡las pensiones!

Antonio Pérez Collado

Tras la reducción de salarios a los empleados públicos, el recorte de importantes derechos perpetrado mediante la reforma laboral y el tijeretazo a los presupuestos para servicios públicos: sanidad, enseñanza, pensiones, ayuda a personas con dependencia, etcétera, el Gobierno —presionado por la gran patronal, la banca y los dirigentes de la UE— se dispone a continuar su política de reducción del gasto social e incentivos a grandes empresas y bancos, cometiendo un nuevo ataque al sistema público de pensiones.
Por si los trabajadores no hubiéramos tenido ya suficiente con la merma de nuestros salarios y derechos, estamos condenados a sufrir también un asalto a las condiciones de nuestras futuras y deseadas jubilaciones. Con un argumento tan poco científico como el dar por sentado que el modelo público de pensiones se encamina inevitablemente a la quiebra, debido a que las personas vivimos y, por tanto, cobramos durante más años la jubilación, el coro formado por banqueros y políticos (cuyos sueldazos y lujosas pensiones representan cifras de vértigo) no cesa de salmodiar la pegadiza cantinela de que hay que cotizar más años y jubilarse más tarde. Ése es, a juicio de tan ilustres y acomodados expertos, la única salida a un problema cuya solución requeriría menos inversión pública que las guerras de Iraq o Afganistán o las recientes ayudas a la banca, por poner algún ejemplo.
Pero lo que más sorprende del asunto es que todos estos doctos personajes de las finanzas y la política capitalista se muestren tan firmes a la hora de exigir e imponer sacrificios a los que menos ganan (y más aportan a las arcas del Estado) mientras se niegan a tomar medidas para que afloren las fortunas ocultas en los paraísos fiscales, se apliquen impuestos progresivos a los ricos, se restaure el impuesto sobre sucesiones o se graven con mayores retenciones las inversiones Sicav. No parece descabellado desconfiar de la eficacia, y más aún de la justicia, de un sistema político incapaz —según sus propios estudios— de garantizar unas jubilaciones dignas a quienes han dejado sus mejores años en el puesto de trabajo, creando riqueza y cotizando religiosamente para poder tener una modesta pensión al final de sus vidas.
Si de verdad se confirma la tendencia a la futura descapitalización de la sanidad pública y la quiebra de las pensiones —algo que desmienten los sucesivos superávits de la propia Seguridad Social— lo más lógico sería incrementar las aportaciones de las empresas y no recortarlas, como inexplicablemente se viene haciendo por gobiernos de uno y otro tono político. Desde que la izquierda ha abrazado la doctrina neoliberal, sus líderes no se avergüenzan de manejar criterios de rentabilidad en la gestión de los servicios públicos, como si de una fábrica se tratara. Pero si se aplican esos mismos criterios del capitalismo salvaje a todos los estamentos y sectores sociales, ¿qué medidas habría que tomar si resulta que las Fuerzas Armadas, la nobleza y el clero, la Justicia (tan ciega como siempre) o la Casa Real y los numerosos cargos oficiales nos cuestan mucho más de lo que aportan a Hacienda?
Con esta inminente agresión a las pensiones (además de la congelación anunciada para 2011) el Gobierno de ZP aporta todavía más razones para que todos los sectores sociales se sientan amenazados y secunden la huelga general del 29 de septiembre, y cuantas nuevas movilizaciones sean necesarias para frenar la ofensiva del capital y sus servidores.