El Gobierno presentó ayer unos presupuestos para 2011 que como era previsible reflejan de forma contundente la crisis económica. En lo que afecta a la Comunitat Valenciana suponen un recorte en las inversiones de hasta el 28%, ligeramente por debajo de la rebaja media, que asciende al 30%. Y de una primera evaluación, puede deducirse que el Ejecutivo ha optado por primar la ejecución de obras ya en marcha y postergar proyectos a más largo plazo. Así, el grueso de las inversiones se dedicará a infraestructuras de ferrocarril, carreteras y agua. Destacan en ese sentido el compromiso para asegurar la llegada del AVE a Alicante y una pequeña, pero significativa, partida destinada al tramo de autovía en Fuente la Higuera, que se vio directamente afectada por el tijeretazo aplicado por el ministro de Fomento. Asimismo, cabe subrayar la presencia de partidas para dos proyectos que aún deben ponerse en marcha: la nueva cárcel prevista en Siete Aguas y la ZAL de Sagunt, pendiente de ejecución desde años atrás.
Como era de esperar, el Consell valoró de forma negativa estos presupuestos y anunció su intención de promover una nueva reforma del Estatut para garantizarse una financiación de 600 millones suplementarios al año en función de la población de la Comunitat Valenciana. Al margen de la conveniencia de emprender otra reforma estatutaria tan poco tiempo después de la última, a la Generalitat no le faltan razones para reclamar igual trato que a otras comunidades. Sin embargo, lograr la cuadratura del círculo se antoja difícil en tiempos de restricciones.
