Francia doblega a Europa con los gitanos

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José Manuel Sánchez Patrón

Cualquier episodio de expulsión de extranjeros, como el que está protagonizando Francia en relación con la minoría gitana, debe ser analizado, necesariamente, a partir de un principio jurídico-internacional que, aunque obvio, no deja de ser importante en estos casos: los Estados están obligados a admitir, únicamente, a sus nacionales en su territorio. Esto quiere decir que los Estados pueden rechazar a los extranjeros negándoles autorización para atravesar sus fronteras y, por consiguiente, expulsarlos si se encuentran sin dicha autorización —esto es, de manera irregular o ilegal— dentro de su territorio. Sin embargo, estas facultades estatales se encuentran limitadas, por un lado, por los compromisos que los Estados asuman al respecto, ante ellos mismos, o bien ante terceros; y por otro lado, por el respeto ineludible a los derechos humanos.
La pertenencia de Francia a la Unión Europea obliga, al país galo, a cumplir con los compromisos acordados con el resto de los Estados miembros y que se concretan en sus tratados constitutivos y su derecho derivado. Precisamente, uno de esos compromisos es el de aceptar la libre circulación de sus ciudadanos, convertidos, a la postre, en ciudadanos europeos. Rumanía y Bulgaria, países que han sido destinatarios de las expulsiones, tienen esta consideración de socio comunitario desde su incorporación a la Unión Europea el 1 de enero de 2007. Además, el respeto de los derechos humanos constituye uno de los fundamentos constitucionales de esta organización internacional y prácticamente la totalidad de los Estados miembros se han comprometido a cumplir con un catalogo propio: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Pero ¿qué derechos humanos se vulneran en este caso si, como afirmamos al principio, los Estados pueden acabar expulsando a quienes no son sus nacionales? Los derechos humanos exigen que las expulsiones respeten determinadas condiciones y ciertas garantías. Así, las llamadas «expulsiones colectivas», entendidas como la deportación de los miembros de un grupo específico como tal, están prohibidas. Esta prohibición se justifica no por la cantidad de personas a las que afecta, sino por el carácter discriminatorio que está implícito en este tipo de expulsiones. Aunque las autoridades francesas han ocultado sus intenciones en un primer momento, maquillándolas poco después, lo cierto es que las expulsiones de la etnia gitana, practicadas estos últimos meses, entran, a nuestro modo de ver, dentro de la prohibición. Y ello pese a que nuestro presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, las haya avalado prestando su apoyo al presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Las infracciones cometidas, a nuestro juicio, explican la reacción inicial de la Comisión Europea, encargada de vigilar los compromisos comunitarios alcanzados. La apertura de dos procedimientos sancionadores no deben causar extrañeza alguna, ya que obedecen, el primero, al incumplimiento de la libre circulación de personas; y el segundo, a la vulneración de la prohibición de las expulsiones colectivas, establecida, por si había alguna duda, en el propio artículo 19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lo que sí produce extrañeza es que la Comisión Europea haya renunciado a sus amenazas iniciales y deje los procedimientos sancionadores, eso sí, abiertos, pero sin consecuencias previsibles. Y es que el derecho comunitario y los derechos humanos son una cosa, y otra es Francia, que como es sabido, es mucha Francia…

Profesor del Departamento de Derecho Internacional Adolfo Miaja de la Muela. Universitat de València

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