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Despropósitos con el derecho civil valenciano

 

Joan Tamarit

Tras la reforma del Estatuto, en 2006, consensuada por populares y socialistas, la Generalitat puede ejercer la competencia sobre Derecho Civil «a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española».Con base en esta disposición estatutaria, las Corts Valencianes aprobaron la Ley de Régimen Económico Matrimonial (LREM), que recupera y actualiza nuestra histórica legislación. Incomprensiblemente, la aprobación de esta ley ha sido el detonante de una serie de despropósitos que parece no tener fin.
Primer despropósito: el Gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad contra la ley alegando la falta de competencia de la Generalitat para recuperar y actualizar las normas legales forales de Derecho Civil, en una manifiesta contradicción con lo que había aceptado al pactar el nuevo texto estatutario. Segundo despropósito: el Gobierno cometió un absurdo error en la interposición del recurso de inconstitucionalidad, que, como ya argumenté en estas mismas páginas (2 junio 2008), fue presentado fuera de plazo respecto de todos los artículos de la ley, salvo nueve y un apartado de otros dos. Tercer despropósito: en mayo de 2009 se produjo un nuevo acuerdo entre las dos administraciones (véase Levante-EMV del 27 mayo de 2009).
La Generalitat se comprometió a suprimir los once preceptos considerados inconstitucionales por el Gobierno y, a cambio, éste se comprometió a la «retirada inmediata» del recurso. La Generalitat cumplió su parte del acuerdo, con lo que el recurso quedó sin objeto. El Gobierno, en cambio, todavía no ha cumplido su parte y, al parecer, no piensa hacerlo. Si el Gobierno incumple nuevamente su compromiso y el recurso continúa su tramitación hasta el final, nos encontraremos con otro despropósito: una sentencia que no resolverá nada, porque nada, tras la reforma de la LREM, es lo que ha recurrido el Gobierno.
Pero los despropósitos no proceden sólo del Gobierno. El Consell Jurídic Consultiu, un órgano supuestamente al servicio de los intereses valencianos, ha dictaminado en contra de un proyecto de Ley de Sucesiones rescatando la vieja doctrina constitucional según la cual la Generalitat sólo puede legislar a partir de la base de las instituciones civiles conservadas por la vía consuetudinaria, lo que en materia de Derecho sucesorio es tanto como legislar sobre la nada más absoluta.
¿Cuál será el próximo despropósito y de dónde provendrá? Espero que el sentido común acabe imponiéndose entre nuestros representantes y que pongan fin a la larga cadena de disparates a que venimos asistiendo en relación con una cuestión, la del ejercicio de la máxima competencia sobre legislación civil por parte de la Generalitat, que debería ser asumida, sin ninguna fisura, por todos. Espero, por tanto, que desaparezca definitivamente la amenaza que aún se cierne sobre nuestra primera ley civil y que la próxima, la de sucesiones, se apruebe por consenso, con el fin de que los valencianos podamos hacer algo tan simple como es ejercer el máximo poder legislativo civil que permite la Constitución. Exactamente igual como lo hacen otras comunidades autónomas.

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