Benidorm ha sido el ejemplo más reciente de los últimos estertores de lo que socialistas y populares llamaron pacto antitransfuguismo. Violado constantemente, este acuerdo es ya papel mojado para las formaciones políticas desde que las mociones de censura con tránsfugas han quedado legitimadas por las respectivas direcciones.
Fue Benidorm primero, con Eduardo Zaplana, y recientemente con Agustín Navarro, pero también pasó en Dénia, Mislata, la Vila-joiosa, Carlet o la Pobla de Farnals. Aquella comisión de seguimiento del transfuguismo ha quedado desterrada del ideario político por completo. La justicia ha dado la razón a los tránsfugas: el escaño –sea autonómico, municipal o del Congreso– es nominal, no del partido. Y si las principales fuerzas políticas quieren erradicar un fenómeno que viola la voluntad popular y que está cada vez más asentado, es necesario que planteen con seriedad una reforma de la Ley Electoral: Se podrá establecer con rotundidad que las actas de los electos pertenecen a los partidos políticos y no a los integrantes de las listas electorales; o recurrir a un sistema de listas abiertas, o a demarcaciones territoriales unipersonales, como en Gran Bretaña, pero con la norma actual todo queda fiado a la voluntad del titular del escaño y a la necesidad que el partido rival tenga de aprovechar la circunstancia.
Mientras, los damnificados pierden el interés por la política. Son ciudadanos anónimos que democráticamente se han sentido estafados por mociones de censura, tránsfugas y alcaldes de ocasión. La democracia, el mejor de los sistemas políticos, ha de hacer frente a nuevos retos, como el desapego por la cosa pública, y a otros no tan nuevos, como el tráfico de voluntades e influencias. Y ha de hacerlo cuanto antes.
