Cerrar Canal 9 para poder abrir la fe

 05:30  

Gregorio Martín

Con octubre, supimos que una de las tres agencias autoencargadas de clasificar la deuda emitida por compañías privadas o públicas, Estados o instituciones subestatales (donde ubican a las comunidades autónomas españolas) adjudicaba a la deuda de la Generalitat Valenciana (GV) la cabalística nota de: A/Negativo/F1 (como referencia para comparar, más para mal que para bien, la misma calificación que ya tenía días antes, la deuda de la Generalitat catalana). Para pasar de esta calificación al título de estas líneas, se siguen algunos pasos, contando con la buena voluntad del lector.
Para empezar por lo sanitario, recordar que en estos momentos la GV necesita emitir deuda para poder hacer frente a sus obligaciones en esta materia, siendo dos los capítulos a resolver con urgencia: uno más difuso, pagar las recetas del resto del 2010, y otro más concreto, poner en marcha la totalidad de servicios planificados para La Fe. Según el Banco de España, a 30 de junio la deuda (solo) financiera de la GV era de 7.766 millones en valores no negociables (papeles en manos muy diversas) y 8.614 millones en prestamos y créditos comercializables (con bancos, cajas de ahorros, etcétera). Su suma es la mayor de todas las comunidades autónomas, en términos de PIB autonómico (16%), seguida de cerca por Cataluña (15,1%). Para tener una idea de lo que debemos, hay que añadir a lo anterior la deuda de las empresas públicas de la GV (2,4% del PIB), la que generará el déficit del presupuesto del 2010 —obviamente no contabilizada— y aquella que puede estar no registrada (como por ejemplo, las famosas facturas en los cajones). Lo anterior es un intento de simplificar la calificación, ya que a la agencia la deuda a corto plazo no le parece crítica, con lo que podemos dejar de preocuparnos del tercer parámetro, medida de este tipo de compromiso financiero.
F1 es la mejor segunda nota, «buena capacidad del deudor para cumplir». Esperemos que así sea. Para la agencia que nos ocupa, las dos primeros parámetros crujen más. El primero trata de medir la calidad de la deuda existente en el momento de generar el informe (de mejor a peor: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-,..) donde la A solitaria significa algo así como «la situación económica del deudor puede afectar a las finanzas». Ahora, la cosa empieza a ser un mensaje preocupante para aquellos que puedan plantearse prestar dinero a la GV. De hecho, si nos bajan otro escalón en esta serie entraremos casi en el terreno de las B, donde ya se empieza a oler el bono basura. La consecuencia de una A pelada significa que la deuda que nos ha autorizado el Ministerio de Hacienda será difícil de colocar, y cuando se haga lo será con intereses muy altos. El segundo parámetro puede ser positivo, estable o negativo y tiene por objetivo calificar la tendencia que la agencia percibe con la deuda que está analizando. En otras palabras, da una opinión sobre cuál piensa que será su próxima nota, si no ocurre nada nuevo. En los últimos meses, la agencia ha sido coherente: en diciembre pasado nos ponía A+/Estable/F1, después, a principios de agosto avisaba con un A+/Negativo/F1 y en octubre ya baja a una A pelada y mantiene la tendencia negativa. No son buenas noticias.
Hay que decir que estas agencias de calificación fallaron lastimosamente al ser incapaces de anunciar la crisis financiera que enmarca la dura situación que estamos viviendo y con razón han sido objeto de críticas y descalificaciones. Sin embargo, el mensaje que se da no puede rechazarse sin más. Me imagino que si uno se descubre un bulto extraño, no deja de escuchar la opinión de un oncólogo, aunque unos meses antes éste hubiera sido incapaz de detectar un cáncer que afectaba a alguien muy próximo. No es inteligente ignorar lo que nos dicen. Es un diagnóstico condición necesaria para todo posible tratamiento.
Son variadas las razones que se dan para esta mala clasificación. Unas las conocemos todos: el impacto que la desaceleración económica española ha tenido en las cuentas de CV, con un fuerte deterioro de su ejecución presupuestaria y un incremento sustancial de su actual deuda directa e indirecta. Otras son menos evidentes, pero no nuevas: las dificultades de la CV para reducir sus gastos corrientes y con ello la dificultad para cumplir con el Plan Económico y Financiero, que nos permite aumentar el déficit, de forma que la deuda directa podría aumentar en 5.200 millones (hasta el 108% de los ingresos corrientes, frente al 71,4% que representaba en 2009). La agencia calificadora señala que, con los vencimientos de deuda de este año, el déficit y las necesidades de refinanciación a corto plazo, vamos a necesitar unos 6.000 millones de euros de los mercados financieros. Se nos ha autorizado la emisión de 4.500 millones de deuda, habiendo ejecutado hasta el momento 2.400 millones.
Sin embargo, el punto más novedoso para la agencia que nos analiza es el dato que la deuda indirecta (¡maldita ingeniería financiera!) se incrementó hasta 9.400 millones en 2009, frente a los 4.900 millones de 2005 y los 6.050 de 2008. Aquí la Agencia es contundente: existen demasiadas entidades regionales, citando expresamente Canal 9 y su entorno, que presentan unas perdidas estructurales que deben ser cortadas radicalmente. Entre seguir sufragando los programas de RTVV o aspirar a un tratamiento oncológico en el hospital, no hay color. Quizás, el encabezamiento de estas líneas quede explicado.

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