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Canalla ingeniería financiera

Gregorio Martín

 05:30  

A principios del 2000, con sólo 500 millones de pesetas de capital, el Gobierno Zaplana creó Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat SA (Ciegsa), empresa cien por cien perteneciente a la Generalitat Valenciana (GV), con la misión de construir (o reformar) centros educativos públicos. El argumento usado fue la posibilidad de hacer más colegios, y mas rápidamente, con la ventaja añadida de que con Ciegsa se ayudaba a cumplir las condiciones para entrar en el euro, ya que la deuda de las empresas públicas no computaba. Una de los burdos casos de ingeniería financiera usados para aparentar en Bruselas que los deberes estaban hechos, una gran hipocresía colectiva de la UE que ahora estamos pagando, con Grecia como amenazante primer ejemplo.
Con Ciegsa, la obra de los centros escolares públicos pasó a gestionarse en un marco mas parecido a la construcción de otro tipo de construcciones, (la Ciudad de las Artes y las Ciencias con Cacsa, por ejemplo) cuando hacer colegios es algo cualitativamente distinto a satisfacer egos arquitectónicos, más o menos comprensibles. Lo que sigue es un intento de explicar el proceso y consecuencias de aquella decisión de hace sólo diez años, cuando se retorcían demasiados conceptos y lenguajes políticos.
Un mismo organismo, GV, creaba una empresa, de la que simultáneamente era accionista y cliente único, donándole una serie de solares (el terreno público, por definición, ni se compra ni se vende) para que construyera centros, que una vez listos el Consell pagaría.
Obviamente, la empresa se endeudaría, beneficiándose expresamente de mecanismos específicos, como el Banco Europeo de Inversiones, pensados para ayudar en este tipo de obras, cualitativamente distintas de otras, como la Ciudad de las Ciencias, donde de hecho Cacsa tuvo que recurrir a otros acreedores (Bancaja, CAM, Santander, etcétera).
Al ser una empresa que no pretendía ganar dinero (aunque sí pagar sueldos a los cercanos a la GV) no resultaba sorprendente que tuviera déficits (48,6 millones de euros en 2009). Pero lo que sí impresiona ahora, es la magnitud de sus balances (en 2009, 2.308.2 millones) y de sus débitos y partidas a pagar (2.074.6 millones). Es el resultado lógico cuando el cliente no paga (la deuda de la GV con Ciegsa se hace galopante: 794 millones en 2008, 995 en 2009) lo que incluso impide que parte de los centros docentes no pasen a ser titularidad del Consell, pues no los ha pagado. Algo debían olerse los responsables de la ingeniería, cuando el convenio de Ciegsa (una especie de firma de la GV consigo misma) abría la posibilidad de prorrogar el cambio de titularidad hasta los 75 años, un plazo que reaparecerá en este relato.
Las grandes dificultades financieras de la GV explican la falta de pagos a Ciegsa por colegios ya construídos y poblados de funcionarios docentes. La cuestión no es un proceso de suma cero (el cliente no paga, pero no importa pues aquél es su único propietario) ya que no cuenta con los que han prestado el dinero para las obras que Ciegsa ha hecho y que obviamente quieren recuperar. La Sindicatura de Comptes indica cada año, sin éxito, que ello debe contabilizarse como endeudamiento de la GV.
Tanto el Banco de España (que informa que la GV debía 14.330 millones al finalizar 2009 y 16.280 a mitades del 2010) como las agencias internacionales de calificación de la deuda, sí contabilizan los millones de Ciegsa y la suman a la de GV y explícitamente los señalan como una de las causas para que los mercados de capitales pidan intereses más altos para comprar deuda a la GV, en el caso que vayan a hacerlo. La deuda no puede ocultarse.
Por razones que superan el espacio de estas líneas, la demanda de institutos y colegios ha sido mayor que el ritmo con que Ciegsa los construye, ante lo cual apareció una nueva posibilidad: negociar con las patronales de los centros privado-concertados la cesión de suelo para que construyan y gestionen centros durante, al menos 75 años, y, pasado el plazo, el concierto podría salir a concurso publico. Como reconoció un alto cargo de la conselleria, «es el modelo de Alzira puro y duro».
De consolidarse la idea, los colegios serán necesariamente concertados, y sin entrar en el debate de los pros y contras de este modelo de enseñanza, sí hay que entender las razones de aquellos que pueden poner su dinero en juego: a) asegurar que la GV ceda a empresas y cooperativas los terrenos necesarios para la construcción de los nuevos centros y su posterior explotación; b) que el concierto se haga sin dilaciones en el tiempo; y c) certificar que el acuerdo sobrevivirá a cambios políticos en la GV.
Hoy, cuando ya se pueden analizar las múltiples causas de la crisis que sufrimos, es lícito calificar de canallada procesos como las subprimes o la forma de dar créditos hipotecarios en busca de bonus personales, pero también habrá que incluir las decisiones tomadas en materia de financiación de algo tan básico como la enseñanza pública. Con la que está cayendo, posiblemente no haya mucho margen de maniobra, pero necesitamos que quien se encargue de construir los colegios que Ciegsa no va a hacer, aporte solvencia, credibilidad y confianza. También en este terreno de lo público, la ingeniería financiera puede haber engendrado situaciones canallescas.

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