Muchos gestores políticos proyectan o deciden ignorando la afectación de sus propuestas sobre el patrimonio histórico. Veamos algunos ejemplos que he tenido la ocasión de conocer, sin remontarnos al caso más que emblemático y conocido del Cabanyal en el cap i casal.

Al sur, se repite el planteamiento del caso del Benacantil, ahora en Dénia con el proyecto de ascensor al castillo. Se trata de una propuesta auspiciada por el concejal de Cultura —vaya ironía— y su único argumento es que así subirían más turistas. Hasta ahora, tal proyecto, ya aprobado por el consistorio, cuenta con el apoyo incondicional de grupos de empresarios. No obstante, ha surgido la polémica ciudadana, cuando incluso ya había financiación por el Plan E. Por su parte, la Dirección General de Patrimonio no ha aceptado la propuesta, pues no se ha considerado el negativo impacto sobre un monumento y todo su conjunto histórico. Según parece, se ha logrado paralizar la idea.

En la ciudad de Valencia se han generado situaciones parecidas con la inicial pretensión de derribo del muro de un importante jardín histórico, el de Monforte, idea que obedecía a una supuesta necesidad de ventilación. También tenemos la propuesta de la diputación de incluir en el jardín del antiguo hospital un auditorio; se trata de un proyecto que ignora el contexto histórico hospitalario de tal espacio y que se ha concebido como simple complemento del Museo de la Ilustración. En ambos casos, los proyectos no han sido objeto de debate público, ni de consulta a las entidades asesoras en materia patrimonial. De nuevo estamos ante una polémica surgida a posteriori, y en la que el inmediatismo se antepone al respeto y conservación del patrimonio.

Ya en las comarcas del norte tenemos el caso de Castelló, con el Parc Ribalta, donde se proyectó un autobús guiado, atravesando y segmentando dicho parque, sin considerar que ostentaba la condición de BIC, dentro de un conjunto histórico-arquitectónico más amplio. La contestación fue inmediata, con pronunciamientos en contra incluso de entidades consultivas y colegios profesionales.

El común denominador en todos los supuestos citados es la ausencia de una fase de consulta o debate, y de ausencia de sensibilidad hacia aquello que forma parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Algunos políticos deciden, sin más, sin arbitrar consultas, tanto a aquellas entidades que están llamadas a ejercer esa función así como también a la ciudadanía. Podemos, pues, interrogarnos sobre si estamos ante una línea de insensibilidad, ignorancia o arrogancia por parte del poder. Lo cierto es que la realidad es obvia, se decide y actúa siguiendo el criterio de «mando y ordeno», sin tener en cuenta el valor monumental y paisajístico de bienes, que si bien están ubicados en un municipio o demarcación, son parte de un patrimonio más amplio, como reconoce nuestro texto constitucional. En fin, pidamos un cambio de actitud de respeto hacia nuestros valores, y sobre todo que se corrijan los entuertos.