El Consell ha aprobado un documento para extender el uso del valenciano entre los funcionarios de la administración autonómica. Quizá trate de dinamizar la vía que irrumpió con la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià, marco regulatorio de la revitalización de la lengua propia, y cuya fortaleza ha sufrido altibajos durante la etapa del PP en el Gobierno valenciano. El propio Consell de Camps, en la primera legislatura, presentó un amplio programa para estimular el empleo del valenciano en un decálogo en el que implicó a los altos cargos autonómicos reunidos en Ares del Maestre, localidad elegida como emblema al ser la primera que conquistó Jaume I. Las divergencias con el PP nacional acabaron descafeinando la iniciativa, pero algunas de aquellas bases, convenientemente disgregadas, han aparecido en diversos ámbitos de la administración. La que ahora maneja el Consell es una de ellas y nace con el objetivo de fomentar la participación activa de los funcionarios públicos en el conocimiento y proyección del mayor signo cultural valenciano —la lengua, ciertamente en decadencia, como señalan los sondeos— y cuya necesidad de impulso congrega sin discusión a las fuerzas parlamentarias valencianas, más allá de las discrepancias en las velocidades o en los métodos. Una administración pública, al fin y al cabo, no sólo está para gestionar los recursos que se le entregan. Su implicación en la conservación del legado que recibe y su voluntad de trasladarlo al futuro dan cuenta de su compromiso y modernidad.
