Por una representación democrática y real del islam

 

Amparo Sánchez

Cuando los gobiernos desean dialogar con las religiones buscan un interlocutor único. Desde el punto de vista tradicional, esto parece muy sencillo, pero lo cierto es que en muchos casos no lo es, porque se pretende englobar a diferentes tendencias, escuelas y líneas de pensamiento sin respetar la diversidad existente.
Pondré un ejemplo entendible. Imaginemos por un momento que un gobierno de repente dijera que quieren un único interlocutor que represente a los cristianos y bajo el concepto cristianos englobara a católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, etcétera. Eso es lo que se le pide a los musulmanes; por desconocimiento o por otras cuestiones, se pretende englobar a todos bajo un único interlocutor sin ni siquiera asegurarse de que la estructura supuestamente representativa de los musulmanes realmente lo es.
Así nació la Comisión Islámica de España (CIE), que por desgracia nunca ha funcionado correctamente y en la actualidad deja fuera de esa representatividad, y lo que es peor, fuera de los acuerdos del año 1992, a más del 32% de los musulmanes, creando una situación constitucionalmente ilegal: musulmanes de primera con sus derechos y obligaciones; y musulmanes de segunda sin derechos ni algunas obligaciones. Un órgano a través del cual se vertebran los derechos religiosos de los ciudadanos que profesan la religión musulmana y que se convierte en el único interlocutor con el Gobierno debería dar cabida a todas las entidades religiosas islámicas legalmente constituidas y registradas. Para ser realmente representativo es necesario un proceso democrático interno que garantice el porcentaje real de representatividad de cada organización.
Dejando al margen si existen o no injerencias de países extranjeros, lo cierto es que la mayoría de los musulmanes estamos hartos de dialogar reclamando la normalización y actualización de la CIE. Estamos cansados de esperar soluciones razonables y realistas que nunca llegan. Preocupados por no sentirnos representados por «nuestros representantes».
Un gobierno debe garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean aparcados. Somos conscientes de que se argumenta por parte de algunas administraciones que las religiones no tienen por qué ser democráticas, que tienen sus sistemas internos y sus cúpulas de poder. Pero insisto, cuando se agrupan diferentes escuelas, tendencias o líneas de pensamiento, ¿cómo se distribuye la representatividad real de todas ellas sin un proceso equitativo y democrático?
Religión, sí. Democracia, también.

Presidenta del Centro Islámico de Valencia

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