Hay verdades tan evidentes, tan claras, que de claras parecen volverse invisibles. Pasan inadvertidas al conocimiento de los mortales. Sería bueno, pues, poder oscurecerlas un poco con el fin de que alguien se detenga a observarlas, a pensarlas. Una de esas verdades es que los centros privados se construyen y se gestionan con la intención mercantil de obtener, por la actividad educativa, el máximo de beneficios con la mínima inversión posible. Y los centros concertados son eso, privados.Pero esto que es tan evidente parece no verse. Las personas interesadas en que esa verdad no sea vista se han vestido con la terminología que se utiliza en el artículo cincuenta y siguientes de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación: «Los centros concertados se considerarán asimilados a las fundaciones benéfico-docentes»; «en los centros concertados, las actividades escolares complementarias y las extraescolares y los servicios escolares no podrán tener carácter lucrativo». Y de ahí, un paso más, y ellos son, dicen, entidades sin ánimo de lucro. Por eso la patronal ha acogido con tanto entusiasmo la sugerencia del Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de ceder suelo público a la iniciativa privada para que construya centros que serían concertados automáticamente. Entiendan señores ciudadanos, señoras ciudadanas, que si son entidades sin ánimo de lucro, obviamente pueden recibir gratis, regalo del Estado, suelo público para su uso privado. La coartada es perfecta: una verdad inadvertida, una donación justificada. Quieren al Estado lejos, salvo que beneficie su negocio. Porque de eso se trata, de hacer negocio.
En el Levante-El Mercantil Valenciano del domingo 28 de noviembre, el Presidente de la Federación de Centros de Enseñanza manifestaba, inocentemente, la verdad inadvertida. Decía: «La educación tiene que ser rentable». Bien, por fin lo dicen. Ellos, que nos dicen que son entidades sin ánimo de lucro, construyen centros e imparten clases para tener una rentabilidad, para tener un lucro. Es verdad que a continuación dice que él «no vería la educación como fuente de lucro excesivo», pero lo que no nos aclara es qué entienden sus asociados por lucro excesivo: ¿tener un beneficio neto de doscientos mil euros? ¿de un millón? ¿Eso sería lucro excesivo o habrían que aumentar las cifras?Es un derecho constitucional el poder construir y gestionar centros educativos y es una posibilidad legal que estos sean concertados, sostenidos con fondos públicos. Sería una señal de salud democrática que todos esos centros se sometiesen a una auditoría pública que nos dijese cuánto cobran por cada concepto, cuánto se gastan por los mismos y cuánto les queda. Pero por todos los conceptos, incluidas las limosnas, donaciones, regalos o fundaciones, evidentemente todas ellas voluntarias. En esos centros sostenidos con fondos públicos sus trabajadores, a los que les falta poco para homologarse retributivamente con los de la pública, deben homologarse en todo con los de la pública. Dicho de otro modo, se debería garantizar que el personal que desempeñe sus funciones en centros sostenidos con fondos públicos tenga las mismas retribuciones, las mismas funciones y la misma jornada laboral que el de los centros públicos.
Federación de Enseñanza de CC OO
