La tentación totalitaria

Vaya por delante que la decisión del Gobierno de militarizar a los controladores aéreos, como última ratio para garantizar el derecho de los españoles a la movilidad, dentro y fuera del territorio nacional, ha sido respaldada por la oposición y una inmensa mayoría de los españoles. La salvaje huelga de los citados técnicos en el puente más largo del año, que, para mayor sarcasmo coincidía con el aniversario de la Constitución que votó la inmensa mayoría del censo electoral, fue un chantaje intolerable tanto a los potenciales viajeros como a un sector tan sensible a la temporalidad como el turístico. Además de un pulso a un Gobierno respaldado por el peso de las urnas. Gobierno que perdería todo resto de credibilidad si hubiera permitido, sin reaccionar de manera contundente a la provocación, que una exigua minoría hiciera víctima de sus problemas laborales a la gran cantidad de ciudadanos que habían elegido el aire para vehicular sus viajes, ya sean familiares, profesionales o vacacionales. Y ello por muy justas que pudieran parecer sus reivindicaciones profesionales. Que está por ver, dado que se trata de un sector privilegiado de hombres y mujeres que, en contraste con el paro y la penuria económica que azota al país, tienen un trabajo seguro y sueldos de grueso calibre. Esa realidad es premisa indispensable para cualquier análisis posterior. El país no puede ser paralizado, ocasionando perjuicios económicos cifrados en varios cientos de millones de euros, en momentos económicamente tan críticos como los que vivimos. Eso aparte de lo que significa conculcar una libertad fundamental de los ciudadanos, como es el derecho a moverse cuándo y por dónde les venga en gana.
Debe quedar meridianamente claro que de la situación creada y sus consecuencias, a causa del abandono de sus puestos de trabajo por parte de los aristócratas de la aviación civil, sólo hay unos culpables que son los controladores que se han enfrentado de manera frontal al Gobierno en la fecha menos indicada, y sin dejarle más salida que pechar una vez más con sus exigencias. Esta vez no podemos acusar al Gobierno Zapatero de no haber sabido afrontar el problema. Gustará más o menos ese tufillo añejo que desprende la militarización de un grupo de profesionales, pero mejor eso que cruzarse de brazos y seguir haciendo el Tancredo. Son varias legislaturas —las de Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar— que han obviado el problema, sorteando a trancas y barrancas las difíciles situaciones surgidas en determinados momentos. Eso ha creado en los controladores una prepotencia y un orgullo de casta que les ha llevado a creerse nacidos del carcañal de los dioses e invulnerables frente al Gobierno y la sociedad. Han sido durante demasiado tiempo una minoría selecta, con suculentos ingresos que les permitían vivir muy por encima de las posibilidades de cualquier sector del mundo del trabajo. Hasta que llegó al Ministerio de Fomento José Blanco y decidió racionalizar la situación de unos profesionales que siempre se habían salido con la suya. Se trataba de renegociar unas condiciones laborales insostenibles y comparativamente ofensivas para la mayoría de los trabajadores del país, pero el acuerdo ha sido imposible. Nadie se presta de buen grado a descender del Olimpo a la normalidad. Es la lógica del egoísmo. Tan negativo socialmente como la insolidaridad que significa que miles de expolíticos y exaltos cargos deven­guen de por vida sueldos millonarios, que son un autentico cáncer para la economía del país y una ofensa para tantas familias que soportan todo el peso de la crisis.
Muchas críticas apuntan hacia «la tentación totalitaria», argumentando que es más fácil declarar el estado de alarma y militarizar a los controladores que negociar con ellos para no tener que llegar a tales extremos. Pero colocando la decisión gubernamental en el momento en que se ha producido, además de ser perfectamente constitucional, no se puede negar que ha dado resultado. Claro que no es deseable que un Gobierno democrático se vea obligado a decretar el estado de alarma que tanto recuerda al famoso estado de excepción que aplicaba en tiempos de la oprobiosa el finado militar ferrolano. Se puede discutir la oportunidad del decreto que ha sublevado a los controladores, pero ¿era más deseable dejar que pusieran el país patas arriba? Retirémonos a deliberar… Es inquietante que en una democracia los gobernantes tengan que echar mano de tales argumentos. Sobre todo cuando ya hace tanto tiempo que desaparecieron los estados de excepción y las justicias especiales. En cualquier caso, quizás sea bueno para que algunos se enteren de que un Estado democrático tiene resortes legales para impedir cualquier veleidad inconstitucional.

Mal ejemplo. Si haciendo ministra a la señora Pajín, Zapatero pretendía demostrar que una mujer puede ser tan maleducada como el peor educado de los hombres, lo ha conseguido. Pero no podemos tratar a todas las féminas del Gobierno como bobas sacadas del Cotolengo. Porque sería negarles a las mujeres talento para ejercer un cargo de responsabilidad. Cuando hay tantas madres de familia que demuestran cada día más conocimientos de economía que el mejor de los ministros del ramo. Cojan el sueldo de un oficinista, de un peón de albañil o de un parado y traten de estirarlo para pagar colegios, poner la mesa y vestir y calzar a tres o cuatro niños y se enterarán de lo que es el milagro económico.
En todos los gobiernos ha habido tontos del haba. Cotorruelo Sendacorta, cuando Franco lo cesó se enclaustró en su dormitorio, cagando y meando en los rincones durante quince días. ¿Es eso síntoma de inteligencia? ¿Era acaso un genio aquel ministro del Invicto que inventó el Calendario Juliano y apedreaba a las secretarias con versos ripiosos infumables? Otra cosa son los cojones de la señora Pajín. Que si los tiene debería guardárselos o vestirse de torero para lidiar victorinos en Las Ventas. O sacarlos a relucir en las cantinas cuarteleras, en vez de erigirse en un mal ejemplo para quienes todavía creen que la educación es un valor.