El asunto del complemento de pensiones para que los parlamentarios españoles, en determinadas circunstancias, puedan cobrar la pensión máxima cuando se jubilen, no diré que haya hecho desbordar ríos de tinta pero ha provocado cierto runrún público al coincidir con los trabajos del Pacto de Toledo para la revisión de las pensiones y las propuestas gubernamentales de aumentar los años de cotización o de retrasar la edad de jubilación. El éxito de quien lanzase la idea de terminar con esta situación estaba asegurado y más difícil lo van a tener los que argumenten a favor de no modificar el reglamento de las cámaras, como le ha ocurrido al brillante Durán i Lleida en su intento de dignificar, también en las retribuciones, la labor de los parlamentarios y evitar que el hemiciclo del congreso se llene de funcionarios o no atraiga a profesionales preparados.

Dos meses después de rechazar en comisión una iniciativa en este sentido, el Partido Popular anuncia en su convención sevillana la intención de suprimir los beneficios de los parlamentarios. La idea de que se trata de privilegios ha calado entre la población que sufre la crisis económica y que esta preocupada por el futuro. Todo esto contribuye al descrédito de los políticos porque, cuando se renuncia a hacer pedagogía, es fácil caer en la demagogia. Pero, puestos a hacerla, se podría hablar de otras situaciones. Por ahí circula la última nómina salarial de Francisco Franco, posiblemente apócrifa, en la que por las medallas al mérito y otras cruces militares cobraba casi tanto como de salario base. Determinados honores y distinciones comportan una asignación dineraria vitalicia que no deja de ser un privilegio, aunque sea por méritos estrictamente personales y en casos de servicios extraordinarios o sufrimientos por la patria y no sólo por haber estado sentado en un escaño del parlamento. Estas medallas pensionadas siempre provocan una discreta protesta entre sindicatos y asociaciones profesionales.

La Generalitat Valenciana también reconoce anualmente a determinadas personas por sus méritos culturales, científicos o deportivos que en algún caso comporta una retribución anual y vitalicia de 12.000 euros. La Dirección General del Libro tiene presupuestados 230.000 euros para las diecinueve personas físicas que tienen esta distinción. Otras fundaciones o institutos públicos valencianos también se prestigian concediendo premios a relevantes figuras nacionales e internacionales de las artes o las letras. Y no sólo en la Comunitat Valenciana.

Me dirán que todo esto ya comenzó en la etapa de Lerma como presidente, pues todo esto de las distinciones y méritos se reguló en 1986 y que los gobiernos del PP se han limitado a ampliar el número anual de distinciones. Pero el hecho es que, hoy por hoy, algunas personas que perciben salarios o pensiones públicas, tienen además la asignación anual por el mérito cultural y nadie lo discute. Sólo quiero decir que cuando se abre un frente, aunque sea como maniobra de distracción, se corre el riesgo de que otros frentes se abran.