El PP valenciano tiene graves problemas de encaje con la modernidad. No se quita de encima la herencia religiosa, lo que le comprime en su defensa de derminados derechos civiles. Su idea autonomista es un subproducto del perenne nacionalismo español: un regionalismo de barniz valencianista. Y su desobediencia a las convenciones científicas le sumen en una perspectiva cavernícola. Mientras subsistan esas tres tradiciones —hay más, pero dejémoslo por ahora— sus desajustes para afianzarse como un partido de idearios liberales son más que evidentes pese a su hegemonía social. Podrá llenarse la boca diciéndolo, pero es lo de menos: sólo cuenta en el supermercado de los votos.

El PPCV acaba de arremeter contra Carmen Caffarel, directora del Instituto Cervantes, por decir una obviedad amparada en el diccionario de la RAE: «Políticamente —el valenciano— será una lengua, pero no lo es desde el punto de vista lingüístico, como tampoco lo es el balear». Los defensores de las esencias patrias, estilo Pedro Agramunt, han desempolvado enseguida el fusil: sus disparos son rídiculos. La peripecia no es sino un derivación pintoresca del ensañamiento, éste sí, del Consell de Camps contra los «clásicos» repetidores de TV3 —un cuarto de siglo les contemplan— promovidos por la entidad Acció Cultural. La carga de caballería del Consell a fin de paralizar las emisiones de la televisión catalana en el territorio valenciano viene de antiguo y evidencia una desmesura prodigiosa. La última embestida ha consistido en modificar la Ley del Audiovisual, lo que eleva las indemnizaciones que ha de pagar ACPV como castigo por saltarse la norma y la aboca al cierre definitivo de las emisiones. El colectivo ha pagado ya 127.000 euros de multa y antes del 20 de marzo habrá de abonar 600.000 más. Con el cambio normativo, cada 15 días ha de pagar un multa de 60.000 euros.

El Consell rechaza que se pueda ver TV3 mientras permite pulular bajo su cielo innumerables televisiones que ofrecen tarot y en las que unas señoras y unos señores de apariencias espectrales se dedican a salvar almas y a negociar sobre vidas y haciendas. Y justifica la persecución por un problema de reciprocidad: la Generalitat Catalana, que esta es otra, no consiente que Canal 9 se contemple en sus posesiones. Desde luego, habrán razones políticas y técnicas, de unos y de otros, empezando por las triquiñuelas de los famosos múltiplex y la incompetencia del Gobierno de Madrid. Pero nada tiene que ver la circunstancia con el acoso impenitente y millonario que ha desplegado el Consell contra la posibilidad inocente de enchufar el electrodoméstico casero y que aparezca un señor dando noticia de lo que sucede al norte de la geografía valenciana. Décadas después, el espacio para Tv3 se cegará en este pedazo de España. Ya ha desaparecido en muchas comarcas. Tal vez el PP obtenga algún voto popular con la maniobra sepulta, pero desde luego no le otorga centralidad, ni le brinda un aro de sensatez y pluralismo. Entre Valencia, Cataluña y Madrid, adiós a Tv3 (aunque Valencia haya puesto la furia flamígera y la responsabilidad última: la caverna da coletazos homicidas).