Parece que el Partido Popular ha terminado por aceptar la necesidad de ajustar los gastos públicos a la realidad del país y estudia recortes en todas las instituciones autonómicas que gobierne tras las elecciones del 22 de mayo. Por lo que a la Generalitat se refiere, es presumible que haya una reducción de conselleries, altos cargos y asesores, en línea con las propuestas generales lanzadas desde Madrid por el presidente del PP, Mariano Rajoy, y que contrastan con la política seguida hasta este momento por el jefe del Consell. Pero esos recortes afectarán —o, al menos, deberían hacerlo— a otros organismos, como la Sindicatura de Greuges, la Federación de Municipio y Provincias o las Corts. Estas últimas han estado siempre en el ojo del huracán por los gastos que en numerosas ocasiones han tenido un destino suntuario. Y también se da por descontado un reajuste en RTVV.

Si la reducción se extiende también a los partidos políticos, el PSPV podría verse más afectado si se cumplen las previsiones de las encuestas que auguran una aplastante victoria del PP. Es evidente que las medidas no pueden ser arbitrarias y deben afectar a todos por igual. Sería impensable que se utilizaran como arma política arrojadiza. La situación financiera y presupuestaria es lo suficientemente seria como para que el ajuste se diseñe con el objetivo de adecuar el aparato administrativo a lo que somos y no lo que creímos ser, sin dejar de garantizar por ello los servicios públicos básicos. Nuestras arcas no están para simples lavados de cara.