Apenas cinco años después de la última reforma, las Corts aprobaron ayer otra modificación del Estatut d´Autonomia para remendar una carencia de aquel texto y asegurar que la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana sea equivalente al peso de la población durante un período de siete años. El cambio se produce después de que el Tribunal Constitucional haya avalado las reformas estatutarias de Andalucía y Cataluña que garantizan esas mismas inversiones. La modificación se ha aprobado con el voto a favor de PP, PSPV y Compromís, y el contrario de EUPV. Sin embargo, el espíritu reivindicativo de los dos grandes partidos no ha llegado hasta el punto de reclamar al Estado la denominada «deuda histórica», que sí ha sido satisfecha, por ejemplo, a Andalucía, y que Compromís estima en unos 3.000 millones de euros, según cálculos de la comisión de expertos de las Corts, una cifra que contribuiría de forma significativa a sanear las exhaustas arcas públicas valencianas.

La reforma parece tener su lógica si se atiende a las deficiencias de la financiación autonómica, aunque se podría haber ahorrado el trámite de haberse recogido hace cinco años. Ahora, el proceso para aprobarla requerirá, además de la convocatoria de un referéndum, un gasto más en tiempos de ajustes si no se consigue unir a las elecciones generales del próximo año. Y supone también un riesgo político tras el precedente de la consulta catalana: la indiferencia con que se ha tramitado en las Corts no augura una especial motivación de los votantes para acudir a las urnas y legitimar este cambio en la Carta Magna de todos los valencianos.