El Instituto Nacional de Estadística denunció ayer «un incremento de residentes significativo y no justificado» en 19 localidades de la Comunitat Valenciana. Nueve de ellas están gobernadas por el PP, seis por el PSOE y las cuatro restantes por representantes de otros partidos. Pero, además, tres de esos municipios (Dos Aguas, Antella y la Pobla de Benifassà) son reincidentes en estas prácticas. En el primero de ellos, incluso se llegó a investigar por la vía penal, a instancias de la fiscalía del TSJ, el presunto empadronamiento fraudulento de 107 personas en los cuatro meses anteriores a los comicios de 2007.
Los casos desvelados ahora por el INE corresponden a pueblos cuyos consistorios se han prestado a colaborar, por lo que resulta aún más preocupante qué puede estar ocurriendo en aquellos sobre cuyos censos también penden sospechas que no han podido ser corroboradas y cuantificadas en todos sus extremos por la falta de ayuda de las autoridades locales. Esperar que quienes pervierten los procesos electorales velen por su pureza es de una candidez supina. Pero es que en los contados casos en los que ha actuado la justicia el resultado no puede ser más inquietante. No considerar punible que en un solar sin más sombra que la de una higuera estén censados unos electores es no querer ver lo que eso puede representar en poder y por tanto en dinero. Y eso también debería ser investigado. En este caso, por una autoridad judicial superior y con una mayor amplitud de miras.
