Norma polémica pero legal

Editorial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso ayer punto final a siete años de litigio al considerar plenamente legal la polémica Ley Urbanística Valenciana. La Comisión Europea la había denunciado al considerar que los planes de actuación integrada (PAI) eran contratos públicos de los ayuntamientos con los urbanizadores, que no se sometían a las exigencias de publicidad y transparencia que impone la Unión Europea. Sin embargo, los magistrados consideran que no se ha demostrado «en absoluto» que las obras de conexión e integración de los terrenos con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos sean el objetivo principal de los contratos. Bruselas había llegado incluso a amenazar con congelar los fondos europeos para España si no se corregía lo que consideraba abusos urbanísticos.
Ahora, el máximo tribunal europeo ha dado carpetazo jurídico a la disputa. Sin embargo, los efectos reales de la ley sobre el desarrollo urbanístico en áreas sensibles del territorio valenciano están a la vista de todos. Incluso el propio Consell intentó en su momento reconducir los primeros efectos de la norma elaborada por Rafael Blasco, cuando fue sustituido al frente de la conselleria por Esteban González Pons, que hizo precisamente de esa corrección uno de los ejes de su gestión. Que ahora la Generalitat pueda celebrar la legitimidad de la norma no entierra, sin embargo, los abusos que se han podido cometer —ley en mano— contra determinados propietarios y que siguen sembrando dudas en algunos países europeos. Aunque la legalidad esté de su lado.