Al final, la tesis de la dirección nacional del PP ha prevalecido y Camps está dispuesto a pagar la multa por cohecho impropio que le atribuye el juez Flors para evitar el juicio con jurado al que estaba ya condenado. Génova se quita de este modo un gran peso de encima. Encara las elecciones generales sin la escenografía de un presidente autonómico del PP condenado o en puertas de ser juzgado por la causa de los trajes, una rama del caso Gürtel. Por su parte, la única salida que le quedaba a Camps era la de ser considerado inocente tras el juicio. Es la baza que pretendía jugar. Pero ni siquiera los altos cargos del PP valenciano, entre ellos Rita Barberá, deseaban contemplar la imagen del jefe del Consell entrando en el juzgado rodeado de una nube de cámaras y micrófonos. Pese a todo, por mucho que el PP se esfuerce en vender políticamente la sentencia de conformidad como una concesión para evitar el deterioro institucional, es obvio que, en el fondo y en la forma, el jefe del Consell está aceptando la culpa que lleva negando durante dos años y medio y está aceptando el relato de los hechos de Flors. El escenario de un presidente con antecedentes penales no es el que más favorece ni a la figura institucional ni a la institución que representa. Es evidente que Camps ha cedido a las presiones de Génova, que ha pretendido «salvarse» sin dejarle jugar su última carta: explicar en el juicio la inocencia que ha venido defendiendo hasta el momento. Rota esa línea argumental, su situación continúa siendo muy delicada.
