Los más de 456.000 escolares que traspasaron ayer el umbral de sus colegios llenaron las aulas valencianas en un clima de normalidad general sólo alterado por las molestias que causan las obras de rehabilitación inconclusas de algunos centros y la no menos enojosa sensación de desamparo que sufren cientos de padres al comprobar que sus hijos pasarán el curso en barracones. Cabe reconocer que las incidencias han sido este año escasas y que, gracias en gran medida al talante conciliador exhibido por el conseller de Educación, José Ciscar, la Comunitat Valenciana vive ajena al clima de alta tensión y movilización callejera que se registra desde hace semanas en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. La oferta de diálogo del nuevo titular de la conselleria ha neutralizado, de momento, la protesta docente, aunque los recelos continúen latentes entre el profesorado, los sindicatos y las más activas asociaciones de padres, cuya capacidad de movilización se reactivará a poco que la Generalitat profundice en los recortes o avive su apuesta por la enseñanza privada y concertada.

La buena voluntad que inspira a la nueva Administración autonómica es incuestionable. De hecho, el jefe del Consell, Alberto Fabra, se comprometió ayer a eliminar en cuatro años las 930 aulas prefabricadas, aunque las elevadas tasas de fracaso escolar que padecemos no se superan sólo con buenas palabras. Y el recorte de profesores cuando más alumnos hay escolarizados tampoco genera muchas esperanzas.