Cuatro años y medio después de convocarlo, la Generalitat acaba de anular el concurso para la adjudicación de 31 emisoras de radio en FM en la Comunitat Valenciana. Después de tenerlo paralizado durante tres años, en agosto de 2010 los responsables del proceso detectaron irregularidades que se han concretado finalmente en una presunta falsificación de firmas en 50 de las ofertas, presentadas por 8 empresas. El Consell acudió a la justicia y tras las investigaciones de la Fiscalía, un juez ha terminado llamando a declarar a algunos de los implicados.
La Administración ha actuado en esta ocasión de la forma correcta: denunciar las irregularidades. Y sería una buena ocasión para que también se decidiera a aplicar la ley, tal como le corresponde, y ordenar el espacio radioeléctrico autonómico. Numerosas radios piratas emiten en la actualidad ocupando o ensuciando las frecuencias correspondientes a emisoras legales, que se ven así perjudicadas en sus derechos sin que quien debe velar por su cumplimiento mueva un dedo.
Aunque este problema no se da tan sólo en el escenario radiofónico, sino también en el televisivo. Pero en este caso, los problemas se extienden al incumplimiento de las condiciones de las licencias en cuanto a programación y emisión en cadena se refiere. Es necesario que la Generalitat deje de renunciar a ejercer sus competencias y ponga solución de una vez por todas a este caótico panorama de las comunicaciones autonómicas.
