El Consell ha terminado finalmente por rectificar su reforma legal, que suprimía el veto a construir durante 30 años en terreno forestal incendiado. Reconvenido en primer lugar por el Comité Económico y Social, ha sido ahora el Consell Jurídic Consultiu el que ha terminado de forzar el cambio de criterio, ya que en su informe advertía al Ejecutivo autonómico sobre la ilegalidad en que caía el texto al incumplir de forma flagrante la ley estatal. Para evitar el dictamen disconforme del organismo consultivo, la Generalitat se ha acogido a la puerta que éste le abría al acotar las posibilidades de edificar en esos terrenos y vetar cualquier «aumento del aprovechamiento lucrativo para particulares, contrario a la finalidad perseguida con dicha prohibición» fijada en la norma superior.
De esta forma, el Consell Jurídic salva la intención primera del Gobierno autonómico —que quería reformar la ley para poder acometer la ampliación del vertedero de Dos Aguas— al limitar las posibilidades de acometer cualquier iniciativa urbanística a las administraciones públicas en caso de obras e infraestructuras de especial relevancia declarados de interés general. Esta reinterpretación de la norma cierra el paso a operaciones especulativas que pudieran intentar aprovecharse de un desastre natural o, incluso, incentivar a provocarlo de forma intencionada. Es una decisión beneficiosa para el control del territorio valenciano después de décadas de crecimiento desordenado y para la conservación del suelo.
