En estos momentos, la Generalidad Valenciana (GV) está en una doble negociación —Ministerio de Hacienda por un lado y entidades financieras por otro— con un solo objetivo: la emisión de bonos para finales de este mes o principios de diciembre. La cuantía de la operación, en principio, debería superar los 2.900 millones de euros, esto es, la suma de los 1.600 millones que se necesitan (incluidos los intereses) para afrontar el vencimiento del próximo 22 de diciembre, de la emisión de bonos patrióticos que el Gobierno de Camps vendió a particulares a finales del 2010 y de un máximo de 1.300 millones de deuda nueva, que podría autorizar el Ministerio de Hacienda.
Desafortunadamente, esta última cantidad está por confirmar, pues el equipo de la vicepresidenta Salgado piensa que la GV, a fecha 30 de octubre, no ha cumplido su compromiso firmado en el Plan de Equilibrio Financiero presentado en julio. Hay incumplimientos bastante evidentes, como por ejemplo, el de obtener ingresos provenientes de inmuebles de la propia GV o de sociedades dependientes de ella, que hoy ya sabemos no se han podido efectuar. Se supone que esta cantidad se acabará decidiendo en conversaciones de esta semana que entramos y de las que acabarán dependiendo muchas de las promesas de pago hechas en estos últimos días a tantos colectivos que esperan cobrar de la GV con enero como referencia.
A fecha de hoy, apuntar que las cosas no deben de ir muy bien, ya que el viernes la cifra que manejó el propio president Fabra fue sólo de algo más de 1.700 millones. Veremos. Más allá del importante dato del montante final de esta emisión (básico para los que esperan cobrar en breve) la cuestión de fondo reside en saber qué va a ocurrir si los bonos no se consiguieran colocar. Todos los expertos coinciden en que, con independencia de los resultados del 20N, si estos bonos no se vendieran, el final de año que viviremos los valencianos puede ser extraordinariamente difícil. Si los particulares compran estos títulos, habremos dado una patada hacia adelante y se podrán afrontar algunas de las facturas almacenadas en los cajones. El pasado jueves, nuestro animoso conseller Vela afirmaba que «no habrá problemas» para colocar la emisión, ya que saldrá con «un tipo de interés muy apetecible» (ya se sabe, a mayor riesgo, más interés) e invitaba a suscribirlos, tal como hará él.
Un día mas tarde, el propio Fabra se sumaba a la creencia que los valencianos harán un «esfuerzo» para cubrir la emisión. Parece como si todo se redujera a un voluntarismo más o menos bienintencionado. No obstante, la preocupación creció ante la insistencia de Fabra d que estas emisiones de las autonomías sean «avaladas o garantizadas» por el Gobierno del Estado, una circunstancia que en ningún caso se va a dar en la emisión que nos ocupa. De nuevo volvía la urgencia de los hispanobonos. Una idea, hoy por hoy, infactible hasta el punto que horas antes de esta petición del president para esta deuda de la GV, el cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, González Pons, fue inteligentemente preguntado sobre ello por un periodista valenciano, con una respuesta francamente etérea: «Esperaremos a llegar al Gobierno para saber a qué nos enfrentamos en algunos campos». Como puede observarse, una reacción poco compatible con la claridad que ahora exigen sus compañeros de partido a un gobierno interino.
Siendo cierto que no parece muy razonable que estemos compitiendo un grupo de comunidades autónomas de un mismo Estado por colocar los bonos, la respuesta del Ministerio de Hacienda es tan conocida, como exacta: la GV tuvo la libertad para gastar, tomó sus decisiones legítimamente en uso de sus atribuciones y ahora le corresponde hacer frente a sus compromisos (¡cuánta analogía entre lo que la UE y Grecia andan diciéndose estos días!). Vela sigue siendo demasiado optimista, cuando le dice al Estado: «Emita usted la deuda, déme el dinero y yo me lo apunto». Hemos vivido una semana de disculpas y agradecimientos por la paciencia y el esfuerzo de los acreedores. El president afirmó: «Estamos dedicados en cuerpo y alma para encontrar lo más rápidamente posible una solución y poder dejar de generar esa tensión y ese sufrimiento que están teniendo tantos colectivos, empresas e instituciones». Desafortunadamente, un nuevo ejemplo de usar una buena educación para salvar situaciones que no se arreglan sólo con buenos modos.
Apuntaba un expolítico que cuando se dice que una administración pública paga algo con 400 días de retraso, lo que hay que entender es que hace 400 días que no paga las facturas correspondientes; a la altura de fin de año, con los presupuestos de 2011 absolutamente agotados, este contador de días de impago está siendo implacable y sólo los bonos pueden controlarlo de alguna manera. Con todo lo que está cayendo, pensar que estas facturas de fechas tan alejadas van a cobrarse tiene mucho de acto de fe, pues la tendencia más natural en estas situaciones es la de ir hacia una quita y ello explica que el compromiso de pago de la GV no tenga interés alguno para los bancos a la hora de adelantar el dinero.
Hoy, analizados los Presupuestos de 2012, incluso asumiendo los recortes decididos sobre empresas públicas (muchas de las cuales inevitablemente deben ser amortizadas y liquidadas) puede afirmarse que si se tiene que hacer frente a lo que se ha dejado de pagar en 2011, la sequía financiera de la Conselleria de Hacienda aparecerá varios meses antes de lo acaecido este año. Esta situación la están viviendo desde hace tiempo los proveedores de muchos organismos responsabilidad de la GV y desde hace menos la cosa ha llegado a colectivos que ofrecen servicios e intermediaciones básicas (farmacéuticos, abogados de oficio, dependencia y salud mental, centros de acogida, de día, de aplicación de medidas judiciales, de asistencia a drogodependientes, etcétera). Es por ello que lo que podemos vivir en las próximas semanas puede superar con mucho el debate político.
Fabra ha reconocido que uno de sus retos al inicio de la legislatura era «encontrar normalidad» a través del inicio de negociaciones con la oposición, la búsqueda de la transparencia en las actuaciones del gobierno y la recuperación del diálogo con sectores estratégicos. Han sido demasiados años de ignorar a una parte de la sociedad valenciana, los papeles de su vicepresidenta poniendo al mismo nivel cosas como el aeropuerto de Castelló con necesidades en materia sanitaria, han sido demostraciones de escandalosa insolvencia. En diciembre habrá algo de dinero si los bonos funcionan, en caso contrario, las próximas semanas van ser de un colapso tan serio que conviene que los ciudadanos sepamos lo que está pasando aquí y ahora. Pura exigencia democrática para asegurar la convivencia.
