En los últimos días toda la derecha política, social y mediática de nuestra Comunidad ha intensificado sus loas, alabanzas, y parabienes sobre un supuesto cambio de actitud ante la corrupción por parte del president de la Generalitat Valenciana. Algo que directamente es falso.
La realidad es que Alberto Fabra mantiene una posición política ante la corrupción de absoluta continuidad del PPCV. Una posición inadmisible para cualquier demócrata. Sólo hay dos diferencias: la primera, que Alberto Fabra no es objeto personalmente de ninguna acusación formal por juez o tribunal alguno; y la segunda, que sabedor de cuanta vergüenza queda por venir busca desesperadamente golpes de efecto vacíos de contenido para intentar engañar a la opinión pública valenciana y española.
La larga época de ejercicio del poder en nuestra comunidad por parte del PP, combinada con la crisis económica que viene afectando a España y Europa, está teniendo consecuencias especialmente tremendas y dramáticas para la Comunitat Valenciana.
El modelo económico y de poder del PP de estos años hace crack por todas partes: nuestras cajas y bancos intervenidas y volatilizadas, presas de la ocupación y la nefasta gestión de las mismas por parte del PP valenciano; la Generalitat en quiebra e incapaz de pagar a nadie; los servicios públicos, la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales deteriorándose a un ritmo vertiginoso; la persistencia del despilfarrador modelo de los grandes eventos hoy en día inexplicable, y la corrupción, que afecta a todas las instituciones por las que el PP ha pasado con más o menos intensidad… O sea millones de euros que han servido para enriquecer a unos pocos, en lugar de construir colegios, hospitales, o pagar las ayudas de la Dependencia… y que han erosionado gravemente la imagen de la Comunitat.
No haré una relación por ser ésta muy extensa: Fabra, Brugal, Gürtel, Emarsa, el Instituto Noós en la Ciudad de las Artes y las Ciencias… Y quién sabe cuántos más quedan por conocer.
Un responsable político ante la corrupción sólo tiene un camino: combatirla desde la tolerancia 0, con exigencia de responsabilidades políticas, colaboración absoluta con la Justicia, la Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y esclarecimiento de todos los hechos….Y en ningún caso tolerar, consentir, aplazar el problema, o generar espacios de impunidad. Y precisamente esta segunda es la actuación acreditada de Alberto Fabra. Primero como alcalde de Castelló y ahora como President de la Generalitat.
Como alcalde, mantuvo desde 2005 a 2011 a Carlos Fabra como concejal cuando era ya un clamor su situación y cuando estaban en marcha todas las investigaciones judiciales… Y como president, en Les Corts consiente en su grupo parlamentario a casi una docena de investigados por corrupción, además de a un número importante de alcaldes, concejales y altos cargos de la Administración a los que protege y avala, convirtiendo la cámara autonómica y la Generalitat en un espacio de cobijo para todos ellos.
Permite que la todavía Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, llame desde la tribuna de Les Corts a la policía y fiscales ´investigadores´; autoriza que siga adelante el PGOU de Alicante y ordena que no se investigue Brugal; dice sí a una Comisión de Investigación sobre el escándalo de Emarsa porque los que presuntamente metieron la mano son pieza menor y cree que los interpuestos evitarán que afecte a Rita Barberá, auténtica responsable política del asunto, si a cambio sacrifica al vicepresidente de la Diputación de Valencia para, con este gesto y un poco de propaganda, intentar construir un Fabra que no existe.
Mañana día 12 de diciembre, todo un expresidente de la Generalitat Valenciana, diputado autonómico, y miembro del Consell Jurídic Consultiu, será juzgado por cohecho y Fabra ha decidido que conserve todos estos cargos.
A lo largo de los próximos años vendrán muchos, muchos juicios más, y Fabra ya ha optado: no combatir la corrupción. Es un deshonor y una indignidad para Les Corts y para el pueblo valenciano.
Para el buen nombre y la credibilidad de nuestras instituciones, Francisco Camps debería sentarse en el banquillo con plenitud de sus ejercicios constitucionales, incluida la presunción de inocencia, pero sin más condición política que la de expresident, exdiputado y exmiembro del Consell Jurídic Consultiu, y sin más derechos derivados de esos ´ex´ que los que tenemos los restantes cinco millones de valencianos y valencianas. Eso es la responsabilidad política. Fabra, para vergüenza suya y descrédito de nuestras instituciones y nuestra Democracia, ha decidido que ´no´ sea así.
