El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna tiene una difícil misión tras la sentencia que declara ilegales los 500 pisos construidos en una zona de alto riesgo de inundación por las aguas del río Vaca. En 2000 y 2001, el entonces gobierno municipal que dirigía Eugenio Pérez Midsuf alentó el plan que constituía el principal ensanche de la localidad, conocido como el Vergeret, y autorizó la construcción de torres de siete alturas, algunas de las cuales están hoy a sólo 25 metros del cauce del río. Con la fiebre de la construcción en la cabeza, el municipio, como otros en aquella época, desoyó las advertencias de cuantos sabían del peligro real y legal de aquellas decisiones. Hoy los tribunales dan la razón a quienes fueron tratados como si intentaran detener el progreso de forma caprichosa y agorera.
Los pisos del Vergeret de Tavernes están hoy terminados y, en buena parte, habitados. Y la sentencia del Tribunal Superior valenciano anula el plan que los amparó y obliga a «retirar» los edificios. Los compradores no tienen culpa. Les ofrecieron unas viviendas por un precio establecido y las adquirieron. Pero las autoridades autonómicas y municipales que alentaron o consintieron esa actuación irresponsable y también los promotores privados del plan merecen un serio reproche social. O quizás algo más. Hay que decidir si las viviendas se dejan o se tiran, y eso tiene consecuencias. Como las tiene también promover un plan sin solicitar el informe sobre disponibilidad de agua potable. Otra iniciativa urbanística, esta vez en Benissa, acaba de caer víctima de su propia soberbia. Los tribunales están liquidando uno tras otro los sueños de grandeza que se forjaron sobre pies de barro.
