El alcalde de Riba-roja, Vicente Tarazona, zarandeó ayer al corresponsal de Levante-EMV en la comarca del Camp de Túria, Manel Domingo. También le agredió, dándole un manotazo a la cámara fotográfica, la concejala de Medio Ambiente del municipio, Raquel Argandoña. El incidente es chusco y particularmente ofensivo porque el periodista sólo cumplía con su obligación. Estaba allí ante la innegable trascendencia del interrogatorio judicial al que iban a someter a Tarazona para aclarar las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de las canteras del municipio denunciadas por el PSPV y grupos ecologistas. La primera autoridad de Riba-roja es un político muy avezado, conoce las penalidades del oficio y debería haber interiorizado mejor las reglas que impone el régimen democrático. Su comportamiento y el de sus colaboradores resultó tan pedestre que el secretario general de su partido, Antonio Clemente, fue el primero en repudiar los hechos en nombre del PPCV al tiempo que se comprometía a llamar al orden a los implicados.
Cuesta asumir que, bien entrado el siglo XXI, todavía tenga que reclamarse respeto para los informadores y exigir el cumplimiento de derechos constitucionales tan reconocidos como la libertad de expresión e información. Es incómodo soportar los insultos y descalificaciones de quienes odian la prensa libre, pero ya parece del todo intolerable que los más asilvestrados todavía recurran a la violencia física. Tarazona y los suyos deberían ser los últimos en hacerlo.
