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¿Asumen la crisis los responsables universitarios?

Gregorio Martín

 01:47  

Salir de la situación de quiebra de facto que sufren las administraciones y servicios dependientes de la Generalidad Valenciana (GV) tiene como condición necesaria contar con instituciones y personas con credibilidad y autoridad moral para explicar los inevitables sacrificios que como valencianos se nos van a pedir y que van a añadirse a los formidables cambios que nos tocarán como españoles.

Desafortunadamente, la Comunitat Valenciana llega al cuarto año de la crisis con cifras peores que la media del Estado y con un pelotón numerosísimo de responsables políticos (autonómicos, provinciales y municipales) enzarzados en problemas judiciales que tocan la corrupción y que en consecuencia les inutiliza para dar explicación o ejercer liderazgo alguno. De los cinco millones que aquí vivimos son escasas las personas que pueden tratar de explicar, por conocimiento, cargo, autoridad moral, etc., lo que aquí habrá que hacer para enfrentar un futuro que sea lo menos negro posible. Las finanzas del Consell están agotadas y habrá que gestionar las consecuencias de esta miseria.
Tradicionalmente, en la sociedad civil, la institución universidad, junto al sindicalismo y el empresariado responsable, han estado las mentes y voces solventes que hicieran e indicaran lo que los políticos no acaban de culminar, a pesar de su indudable legitimidad democrática.
En este contexto, la pasada semana produjo desazón la reacción de los rectores de nuestras universidades ante la desastrosa calificación que recibían de Standard & Poor´s (S&P) la deuda de cuatro de ellas. En vez de explicar a la sociedad valenciana lo que ello significaba y el contexto en el que se producía, el rector de la Politécnica, Juan Juliá, constituido en portavoz de sus colegas que le estaban escuchando en compañía del conseller del ramo, tildó la decisión de S&P de «despropósito», asegurando que quienes tienen que evaluarles son los rankings internacionales de calidad universitaria, en los cuales las universidades valencianas, piensa el rector, son de las más solventes.

Sin entrar en la calidad de nuestras universidades, las palabras del rector de la UPV hacen crujir el sentido común, ya que no es de recibo que en un mismo discurso se mezclen las evaluaciones financieras, acerca de la tesorería, que son propias de una agencia de evaluación de riesgos, con la valoración de los resultados docentes o de I+D+i, que son otros aspectos que obviamente analizan otras instancias. Para no aceptar una opinión sobre el estado de las finanzas de las universidades, el rector Juliá no dudó en recurrir a una banalidad que avergüenza: «S&P jamás se ha dedicado a hacer rankings universitarios ni nada», para preguntarse a continuación si la decisión de la agencia se debía a un «afán de notoriedad». Esta forma de reaccionar de los rectores, con todo lo que está cayendo, sólo induce a la desesperanza sobre la posibilidad de que del entorno universitario salgan propuestas solventes para enfrentar la crisis en clave valenciana. No se trata de descalificar opiniones, sino de señalar que algunos altos funcionarios valencianos parecen vivir en mundos y tener aspiraciones que el resto de ciudadanos no comparten.

No es, en absoluto, el objetivo de estas líneas defender la actuación de las agencias calificadoras, pero en este caso hay que aceptar que informes como el de S&P forman parte, guste o no, del trabajo de estas agencias. Es el momento de recordar que allá, en la segunda mitad de los noventa, en un maldito ejercicio de ingeniería financiera, el Gobierno de Zaplana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas de la época animaron (¿obligaron?) a las universidades públicas (por entonces, aún la Miguel Hernández estaba directamente en las manos financieras de la GV) a emitir deuda, que aunque garantizada por la GV, tenía como titulares a las universidades en uso de su particular status de instituciones autónomas. Estas emisiones fueron adquiridas por los mercados y los más viejos del lugar quizás recuerden lo mucho que se presumió de que esta emisión tuviera la mítica calificación de AAA por parte de las mismas agencias que ahora con argumentos tan sólidos como desagradables les asignan el temido BBB (cerca del bono basura). Obviamente, a quien se calificaba entonces no era a cada una de las universidades, sino a su valedor, la GV que en aquellos años empezaba el acelerado endeudamiento que nos ha conducido en poco más de diez años tanto a ser el gobierno autonómico mas endeudado en términos de PIB como a cosechar la peor nota de calificación en las emisiones que respalda la GV.
Aquella deuda todavía se está pagando, siendo de justicia apuntar que hasta los agónicos momentos financieros que han culminado con la imposibilidad de poder colocar en el mercado la última emisión de bonos patrióticos, la GV ha venido aportando los recursos para afrontar esta partida, que cada universidad ha colocado en sus presupuestos anuales donde mejor le ha parecido.

Es curioso que el rector Juliá descalifique al mensajero exterior, cuando sólo cinco días antes la misma cosa había sido dicha con claridad por nuestra Sindicatura de Comptes. Faltando por sumar todo lo acaedido en el terrible 2011, a fecha 31 de diciembre de 2010 la deuda pendiente de pago por la GV a las universidades públicas registrada en el balance agregado, por transferencias corrientes y por el plan de inversiones 1995-2003 (período en el que hay que colocar la emisión de deuda que nos ocupa) ascendía a 1.000 millones de euros. De los cuales, 559 millones tienen que ver con las transferencias corrientes devengadas por aplicación de los criterios del programa plurianual del sistema público universitario valenciano, mientras que 440 millones corresponden con la deuda registrada por las obligaciones asumidas en relación a las emisiones de obligaciones (¿por qué se enfada el profesor Juliá por el hecho de que S&P cumpla con lo que cree es su trabajo?) y a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones derivados de los planes de inversiones. Por si hubiera alguna duda, la Sindicatura hace la observación de que la estructura y el tamaño del balance agregado de las universidades públicas están significativamente afectados por los planes de inversiones, que supusieron, entre los años 1994 y 2004, un coste de 756 millones. Fueron años en los que las construcciones universitarias siguieron un ritmo casi tan potente como lo que hoy conocemos como burbuja inmobiliaria. No se trata de repartir culpas, sólo de exigir responsabilidad y solvencia para analizar la realidad a quienes se supone tienen más conocimientos.

La totalidad de informes recientes de las agencias de calificación sobre el estado de las cuentas de la GV y de sus entidades dependientes indican que su posición de liquidez va a seguir deteriorándose a la vista de las necesidades de refinanciación a las que nos enfrentaremos en 2012, lo que les lleva a hablar de una «alta probabilidad» de que la GV tenga que recibir ayuda extraordinaria por parte del Gobierno central. Les confieso que, después de intentarlo de forma reiterada, ni en el Gobierno cesante de ZP ni en el recién estrenado de Rajoy nadie sabe la forma que puede tomar esta ayuda extraordinaria, que ya, más que urgente, es vital.

Señores rectores, en estos momentos de crisis, los valencianos tenemos necesidad de tener referencias intelectuales creíbles. Deben plantearse si cumplen con sus obligaciones ciudadanas con declaraciones como las verbalizadas por el actual responsable de la UPV.

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  Viñetas de Raúl Salazar

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