No sé qué es más difícil comprender del desaguisado de la empresa pública Emarsa: que éste se haya producido en los tremendos términos que afloran cada día en los medios de comunicación o que haya transcurrido tanto tiempo sin que se haya puesto coto al desbarajuste de su actividad.

Lo primero que llama la atención es el hecho de que su máximo dirigente pueda acumular tantos cargos públicos ejecutivos. Como es sabido, Crespo compatibilizaba nada menos que la alcaldía de un municipio como el de Manises, de más de treinta y cinco mil habitantes, lo que sin duda exige una dedicación exclusiva. Pero a esto hay que añadir una vicepresidencia de la Diputación de Valencia con gran carga de trabajo, como es el departamento de carreteras, con más de dos mil kilómetros de competencia exclusiva. Y además, hay que añadirle la presidencia de Emarsa y de la Emshi. O sea, un exceso, un demasié, un desmadre de tareas en suma.

Pero a qué lumbrera de político en el poder (PP) se le puede ocurrir que una persona que, desde luego, no es superman ni de muy lejos, pueda desarrollar tan desorbitada actividad y responsabilidad como generan estos cuatro entes. Es claro que a nadie con un mínimo de capacidad intelectual y de sentido común.

Necesario es preguntarse cómo se ha podido acumular tanta actividad y poder en una sola persona a la que, sin cuestionar sus intenciones (por aplicación de la presunción de inocencia, pues ni siquiera ha declarado todavía ante el juez, aunque esté imputado y con el numerito de la lotería encima), no le es materialmente posible desarrollar tanta tarea. Por tanto, hay más responsables: quien o quienes le han elegido para el cargo. Hay que apuntar también más alto dentro del partido, a la hora de exigir responsabilidades políticas, por ahora.

Por lo demás, Crespo hace mal intentando extender la basura de Emarsa a los demás grupos políticos sin aportar hechos concretos de su respectiva actuación. Se hace muy difícil entender cómo pueden estar implicados otros grupos políticos en la desastrosa gestión de la empresa cuando se dispone de una mayoría absoluta en la dirección de la misma (PP) y en donde la oposición no tiene acceso a la actividad cotidiana mercantil, ni al desarrollo puntual de la elaboración de las cuentas, sino que éstas se presentan siempre con una imagen de legalidad impecable. Pero si así fuera, lo tiene fácil, no tiene más que denunciar los hechos concretos —no opiniones— al juez, que estará encantado de que le aclare todo el embrollo de esta mercantil subvencionada al cien por cien con dinero de todos. Y si no se ha enterado de nada, dimita señor Crespo, todos se lo van a agradecer.

Para evitar hechos como éste en el futuro, hay que potenciar la Intervención del Estado. Apoyar su independencia y dotarla de medios. Este control es imprescindible en democracia.