Apenas veinticuatro horas después de que los representantes de las organizaciones agrarias criticaran «la pasmosa pasividad de todas las administraciones» ante la crítica situación de los citricultores, el presidente de la Generalitat los recibió por sorpresa cuando se acercaron al Palau a entregar un escrito con sus reivindicaciones. Y de ese encuentro salió el compromiso de convocar una reunión la próxima semana con todas las partes implicadas en el conflicto que enfrenta directamente a los productores con las cadenas de distribución. Se trata, sin duda, de un gesto que honra la buena voluntad del presidente Alberto Fabra. Sin embargo, no despeja las sombras de duda sobre la capacidad de actuación de la Administración toda vez que la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, también presente en la imprevista cita, lleva años al frente del departamento sin haber sido capaz de articular una solución definitiva, pese a las constantes protestas de los agricultores.
Pero los problemas de fondo del campo valenciano no se solucionan con una reunión, sino que requieren de una estrategia a largo plazo que aborde desde la comercialización hasta la reordenación varietal, pasando por el aseguramiento de una rentas mínimas que eviten el progresivo abandono de los campos. Para ello es necesario un compromiso de todos los sectores afectados y que la propia Administración se implique decididamente en la regulación de un sector fundamental para nuestro equilibrio medioambiental y económico.
