La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) pone el dedo en la herida cada vez más llagada de la innovación tecnológica en las empresas españolas en general, y las valencianas en particular. Las cifras no pueden ser más desesperanzadoras; una de las patas de la empresa, precisamente la que marca las diferencias y genera mayor valor añadido, está en retroceso cuando más se le necesita para sostener una economía quebrada. De las 4.971 firmas comprometidas con la innovación en el período 2005-2007, se ha pasado a 3.267. Lo mismo ha sucedido con la cantidad invertida; los recortes aplicados para afrontar la crisis han hecho que los más de mil millones dedicados a investigación en 2007 por el sector privado se quedaran en ochocientos en 2010, es decir, una reducción superior al 20 %, el doble que la media española. Si a esto le añadimos que en el ámbito público la situación no está mucho mejor después de los tijeretazos aplicados por la Generalitat Valenciana —ERE en el centro de investigación Príncipe Felipe, recortes en el IVIA, IATA, IBV…— y el Gobierno central, cercenando las inversiones en lo que debería ser la punta de lanza de la investigación, desarrollo e innovación, se hace más necesaria que nunca aprobar medidas que incentiven este tipo de dedicación en el ámbito privado. Conviene recordar que una de las mayores facturas que está pagando España en esta crisis se debe a no haber desarrollado una industria lo suficientemente competitiva y especializada para no padecer con tanta crudeza los embates del estancamiento de la demanda exterior. Si antes de la crisis no se invirtió suficiente en innovación y desarrollo y ahora se recorta demasiado, continuaremos perdidos en un callejón sin salida.
