Mientras se solventa en Valencia el juicio a Francisco Camps, acusado de cohecho pasivo (una vista que ha sido muy comentada por las diversas afirmaciones y revelaciones de unos y otros, sin muchas sorpresas), da comienzo el de Jaume Matas por unos presuntos delitos muy parecidos a los de Iñaki Urdangarín (los dos quedan ligados por el ya famoso Palma/Arena, menuda publicidad). Es lo nunca visto hasta ahora (lo de Julián Muñoz y la alcaldesa de Marbella no es de lejos igual). Era lo esperable desde hace años, aunque los procesos han dado muchas vueltas por los vericuetos judiciales, que para legos son casi siempre incomprensibles e imprevisibles.

Camps puede salir levemente tocado —una multa tal vez— y lo del presidente del Consell Interinsular se pone más grave y le llevará a las puertas de la cárcel (se piden ocho años) y su inhabilitación (que plantea el ministerio fiscal). Pero el telón de fondo inquieta más a los ciudadanos. El desmoronamiento durante sus mandatos, el endeudamiento masivo de la Generalitat Valenciana o el socavamiento de los bancos participados por las instituciones, y el enriquecimiento de los capitanes de empresa que hacían negocios con ellas, triangulando así un círculo maldito que ha resultado demoledor para la economía valenciana, es escalofriante. Fabra ha de acometer un trabajo ímprobo —siguiendo directrices de Rajoy, De Guindos, Montoro o Saénz de Santamaría— por ir saliendo día a día, pero camina por un pantano. Todos dudamos que el equipo que ha heredado, y que estuvo en los mismos cometidos o en Cacsa (relacionada con el endeudamiento y con contratos Urdangarín) sean quienes ahora hagan lo contrario y resuelvan el tremendo desaguisado.

Esta herencia del mandato de Camps —y su equipo, en parte heredado de Zaplana— es de miedo. Una losa sobre la Generalitat y la Comunitat Valenciana. Y es la gestión de esta larga doble década la que pone los pelos de punta. Los grandes proyectos no fueron siquiera desaconsejados por los técnicos de los bancos. Y así estamos donde estamos, con los bancos absorbidos, intervenidos y vendidos.

Es todo el sistema, la metodología y una política las que están en el banquillo. Aunque los jueces no han de dirimir sobre política y el juez Climent se guarda mucho acotando el terreno, sin arriesgar fuera de su materia. Pero en la calle, y dadas las decisiones institucionales, a toda marcha, se deja una etapa desastrosa atrás. Nadie la defiende, ni por escrito. Y eso que ha tenido y tiene aún muchos beneficiarios enriquecidos con las contratas y arcas públicas. El ciudadano, aunque haya confiado y haya dado su voto, está alarmado, más alerta y tiene la sensación de haber sido defraudado al límite y que ha llegado la hora de pagar los platos rotos. Va a resultar muy caro. Ha de llegar el momento de asumir la responsabilidad. La realidad exige un viraje.