La Generalitat se prepara para afrontar el próximo mayo otra reválida clave: ese mes debe hacer frente al vencimiento de más de la mitad de los pagos de deuda a largo plazo comprometidos para todo el año. En total, deberá satisfacer 2.652 millones de euros entre pagarés bancarios, bonos patrióticos y créditos. Después de haber salvado «in extremis» una suspensión de pagos al final de 2011, el Ejecutivo autonómico ha empezado a buscar ya fórmulas para evitar encontrarse en la misma situación dentro de cinco meses. La negociación con los bancos para conseguir un crédito sindicado que permita diferir algunos de esos pagos y salvar otra eventual crisis se perfila como la salida más plausible. Con todo, el gran problema no es ya solo obtener esa refinanciación de la deuda, sino que la previsible caída de ingresos fiscales hará más difícil aún obtener liquidez. Porque el previsto recorte de gastos
—fundamentalmente por el tijeretazo a los sueldos de los empleados públicos— se antoja insuficiente por sí mismo para poder enderezar el rumbo de las cuentas autonómicas. El Consell se ha metido en una espiral que por el momento sólo le permite ir salvando los sucesivos asaltos, sin que se atisbe un plan a largo plazo. De hecho, gran parte de esos vencimientos de mayo corresponden a las soluciones habilitadas para saldar todas las obligaciones de finales del año pasado. Se trata, pues, de una pescadilla que se muerde la cola. Y la solución no pasa sólo por recortar gastos, sino por ser capaces de generar actividad económica que vuelva a llenar las arcas públicas.
