Animados por el ejemplo del Colegio de Médicos de Valencia, que baraja instar a sus miembros a bloquear la sanidad pública valenciana con la emisión de más recetas farmacéuticas y la prescripción de pruebas diagnósticas en número mayor al que corresponda, los responsables del potente Sindicat de Treballadors de l´Ensenyament han amenazado con paralizar la educación si el Gobierno valenciano no retira el decreto de recortes que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios autonómicos.

Los ajustes aprobados por el Consell para ahorrar más de mil millones de euros en los próximos meses han recaído en buena medida en el sector público, castigado ya en los últimos ejercicios con rebajas y congelaciones salariales, además de impagos de material y servicios.

Es evidente que la mala gestión de las cuentas públicas ha tenido tanta influencia en la quiebra de las arcas autonómicas como la crisis y la caída de ingresos. Y de eso no tienen la culpa todos los funcionarios, por lo que resulta absolutamente legítimo utilizar las vías legales de protesta y movilización que permite el Estado de derecho. Pero no es menos cierto que esas medidas han de resultar proporcionales a la decisión que se combate, y no causar un daño de difícil reparación. En demasiadas ocasiones parte de la ciudadanía se ha visto secuestrada por huelgas de pilotos o controladores aéreos que han sometido a la Administración a un chantaje que los ciudadanos no esperarían de los sanitarios o los docentes.