El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer la intención, adelantada ya en el programa electoral de su partido, de reformar la ley para poder exigir responsabilidades penales —desde multas hasta inhabilitación— a aquellos cargos políticos que incumplan los presupuestos asumiendo gastos no incluidos en las respectivas leyes de gasto. Se trata de una medida cuya viabilidad fue cuestionada ayer por diversos expertos judiciales —incluida la asociación Jueces por la Democracia— que recordaron que ya existen en el Código Penal delitos suficientes para perseguir, incluso con penas de cárcel, la mala gestión de los fondos públicos. En el ámbito político, las reacciones fueron de escepticismo y de prudencia a la espera de comprobar en qué se puede concretar el necesario cambio legal. Resulta especialmente llamativo que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acogieran entusiastas la propuesta cuando sus administraciones se han significado por la práctica de las «facturas en el cajón», específicamente recriminada ayer por el ministro.
La medida, sin embargo, tendrá amplia comprensión social entre una ciudadanía cansada de soportar sobre sus espaldas los sacrificios de la crisis mientras no observa igual esfuerzo en sus representantes políticos. Al margen de que el anuncio del Gobierno pueda quedar en un brindis a sol o en papel mojado, lo importante es que el mensaje que pretende lanzar de control efectivo en el gasto público sea tomado en serio y tenga efectos reales y tangibles en la buena administración del dinero de todos, que tantas veces ha brillado por su ausencia.
