El Consell tiene decidido liquidar la empresa pública Ciegsa, creada en julio del año 2000 para licitar la construcción y reforma de cientos de colegios e institutos de la Comunidad Valenciana. La determinación de finiquitar este organismo, convertido en un agujero negro de deuda y despilfarro, es otra muestra más del abismo que se ha abierto entre el nuevo presidente autonómico, Alberto Fabra, y sus predecesores. La ruptura con el modelo de gestión de Camps, que ha dejado a la Generalitat a escasos centímetros de la quiebra, es patente. Es cierto que el actual jefe del Consell actúa muy condicionado por la gravedad de la crisis, pero su comportamiento, tanto en las medidas de ajuste como en las resoluciones de sesgo político, denota algo más que necesidad de salir del pozo económico. Quiere romper con el pasado y reacciones como la de Alfonso Rus, Rita Barberá o la ex consellera Miró —que ha dejado impreso el sello del disgusto campsita en Twitter— ayudan a comprobar la magnitud de este alejamiento. Fabra acierta al eliminar Ciesga, aunque para ello deberá cargar con el lastre de sus 2.248 millones de deuda. Otra herencia envenenada. Bajo el pretexto de agilizar la edificación de nuevos centros docentes, Zaplana convirtió esa sociedad en otra covachuela más para colocar a los afines y saciar el apetito de las constructoras. Las advertencias lanzadas cada año por la Sindicatura de Comptes sobre el incumplimiento de la Ley de Contratos o los astronómicos sobrecostes, que triplicaban habitualmente el precio estimado, tampoco disuadieron a Camps, que dejó una plantilla de 94 empleados alojados en una sede que costó 6,5 millones de euros. Hoy está a punto de fenecer, aunque gracias al perverso sistema de centrifugado de deuda, las facturas de Ciegsa las pagaremos hasta 2034 entre todos.
