El Consell cree que ha llegado el momento de que las universidades públicas valencianas se sumen a los recortes de gasto con la misma intensidad que se han aplicado sobre el conjunto de la Administración autonómica y por ello pretende negociar con los rectores un plan de ajuste. Estos centros quedaron excluidos del último «hachazo» asestado a las remuneraciones de los empleados públicos —funcionarios, sanitarios y docentes en especial— y de los ajustes presupuestarios adicionales. Por eso, ahora la Generalitat plantea a sus máximos responsables un esfuerzo para que pongan en marcha las mismas medidas, siempre desde el respeto a la independencia universitaria, aunque el Ejecutivo autonómico tiene potestad legislativa para aplicarlas. Las universidades públicas valencianas han llevado a cabo durante los últimos lustros una política expansiva que ha multiplicado su tamaño y, por ende, sus gastos. Ese crecimiento se ha producido tanto en el ámbito inmobiliario —con la construcción de numerosos nuevos aularios y edificios— como en el de personal y en la creación de más titulaciones. La universidad debe garantizar, por encima de todo, la calidad de la enseñanza que proporciona. Buena parte de la competitividad de las nuevas generaciones depende de ello. La sociedad se ha manifestado reiteradamente —la última vez, el sábado— contra los recortes en Educación, pero eso no implica mantener una estructura sobredimensionada, que debería adaptarse a las necesidades reales y centrarse en la docencia e investigación olvidando otras partidas ajenas a ese objetivo fundamental.
