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Los españoles, bajo sospecha

 05:30  

Juan García Sentandreu

El gobierno de Rajoy y, en paralelo, el autonómico valenciano han extendido sobre la ciudadanía la presunción de su culpabilidad de la crisis que estamos sufriendo. Las propuestas dadas a conocer por Soraya Séenz de Santamaría y Alberto Fabra con subidas de impuestos, de la gasolina, del transporte, de la seguridad social, así como importantes recortes en derechos sociales —sanitarios, dependencia, discapacidad…— siembran sobre la conciencia colectiva un falso e inmerecido sentido de responsabilidad más allá del de haberles votado a unos y a otros. ¿Somos los ciudadanos culpables de esta crisis? ¿Tenemos que soportarla exclusivamente nosotros? ¿Se van a pedir responsabilidades a aquellos que la agravaron por su negligencia o impericia política? ¿Van a recortarse los recursos y prebendas de la clase política dominante?
Cuando el PP, después de decir que no iba a subir los impuestos, propone ahora «la intensificación en la lucha contra los incumplimientos tributarios y la mejora del control recaudatorio», cuelga a lomos del esfuerzo diario de los contribuyentes toda la carga de la crisis y los excesos cometidos por nuestra clase dirigente. Después de 38 años de democracia —o lo que sea esto— anunciar que se van a limitar los pagos en efectivo no tiene otra finalidad que generalizar la imputación de culpabilidad social, recortando derechos cívicos y económicos cuando, visto lo visto, los que verdaderamente han hecho uso de millonarias entregas o cobros en efectivo han sido muchos de los políticos imputados en causas penales como Gürtel o Campeón, por poner un pequeño ejemplo de la diversidad y abundancia de la corrupción política en la que está inmersa España y nuestra comunidad.
Cuando los gobiernos autonómico y central anuncian que se va a reforzar «la coordinación con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social» y que «se explotará por primera vez la información obtenida de nuevas declaraciones informativas, como el consumo de energía eléctrica y terminales de tarjetas de crédito», siguen imputando a la sociedad civil todas las culpas y excesos de los que verdaderamente son los únicos responsables de este desastre político y económico: nuestra clase gobernante, llámese PP o PSOE, CiU, PNV. Pero su responsabilidad no sólo alcanza a lo que es y ha sido un auténtico expolio de las arcas del Estado, sino que cuentan con el agravante alevoso de habernos ocultado su nefasta gestión mediante la creación de 4.000 empresas públicas y fundaciones en el conjunto de las tres administraciones: la central, la autonómica y la local, con el único fin de intervenir con ventaja en el mercado económico, enchufar a los amigos y correligionarios, dar contratos a dedo y, finalmente, esconder al déficit del Estado y autonómico una abultada cifra que no es más que el resultado de su negligencia y única culpabilidad.
Los ciudadanos españoles estamos ahora bajo sospecha y sobre nosotros se cierne la nueva inquisición fiscal en un moderno, político y mediático auto sacramental en el que vamos a ser inocentemente sacrificados cuando nuestra única responsabilidad es la de haberles votado.

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