La transparencia abandona la vía muerta

 05:30  

Luis M. Alonso

La transparencia vuelve a ser un clamor. Las administraciones públicas en España, único país europeo que no dispone todavía de una ley de acceso a la información, se han encargado de levantar un muro entre las instituciones y los contribuyentes. De juntar los montones de papel que se almacenan sin procesar en los archivos resultaría esa pared que separa al ciudadano medio de los datos que le pueden interesar. La ausencia de una regulación informativa ha impedido ejercer el derecho a la información y facilitado, por otra parte, a los políticos la ventaja de parapetarse en la opacidad.
Rajoy prepara también una norma estatal para aprobar en el primer semestre del año. En la anterior legislatura, el consejo de ministros de Zapatero había manejado ya un borrador de ley de información pública, destinado a impulsar la transparencia y el control de las instituciones, que se quedó a las puertas sin que la debatiese el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja se había comprometido igualmente a tramitar con la máxima celeridad la reforma para legislar una nueva financiación de los partidos, que incluía transparencia en las donaciones y la prohibición de aquellas procedentes de fundaciones o asociaciones subvencionadas con dinero público.
Pero ¿qué es información pública? Toda aquella que haya sido elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que se halle en su poder. En las normas de género aprobadas en Europa y América no es el ciudadano quien tiene que justificar su interés en conocer un dato, sino la Administración la que debe explicar su negativa a facilitárselo en el caso de que se tratase de un asunto altamente confidencial. El secreto está considerado en los países de nuestro entorno algo excepcional y las denegaciones de acceso a la información tienen un límite y están debidamente motivadas. Cualquier ciudadano dispone del derecho a recurrir las denegaciones o la falta de respuesta ante las solicitudes realizadas. En las normativas que existen en vigor, para que el derecho de acceso a la información sea efectivo y ésta no pierda actualidad, se fijan plazos taxativos para responder en función de la complejidad o el volumen de los documentos requeridos.
Con una norma de este rango, el Gobierno debería a poner a disposición de los ciudadanos aspectos como los presupuestos y su grado de ejecución, los gastos de sus campañas institucionales, los convenios que firmen las administraciones públicas, las listas de contratación temporales y otros detalles para que los ciudadanos puedan acceder a ellos cómodamente sin caer en la trampa interminable de los trámites burocráticos.
El tiempo que tarde en tramitarse y aprobarse este nuevo intento de ley por parte del Gobierno de Rajoy será el que a España le quede de ser una excepción en Europa. La permeabilidad debería ser una primera norma de conducta del administrador hacia los administrados. Algo que cuesta entender a quienes prefieren manejarse sin que nadie les pida cuentas o quiera conocer, porque el derecho le asiste, el estado de las cosas por las que paga, y cada vez más, por medio de los tributos.

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