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La verdad geográfica

 05:30  

Pilar Garcés

El lunes pasado, el senado francés aprobó una ley que castiga con penas de cárcel y multas la negación de que la masacre de armenios a manos del Imperio Otomano en 1915 constituya un genocidio. En dos semanas, cuando Nicolas Sarkozy ratifique el texto, quien diga que los 1,5 millones de civiles armenios que fueron asesinados o abandonados hasta morir de hambre durante la Primera Guerra Mundial no fueron víctimas de un genocidio podrá ser denunciado y sancionado. Otros tres países, Suiza, Uruguay y Argentina, poseen legislaciones que penalizan la negación de los genocidios, incluido el armenio. Veinte países del mundo, entre los que España no se cuenta, y 42 estados de EEUU reconocen que la matanza de armenios fue un genocidio, si bien no establecen mecanismos legales para perseguir a quien opine otra cosa. Turquía, nación heredera de los otomanos, considera una afrenta la normativa francesa sobre su historia reciente, un "golpe de estado contra la libertad de pensamiento", en palabras de su primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Muy por el contrario, en su territorio se persigue judicialmente el uso del concepto "genocidio" aplicado a los armenios, porque denigra la "turquicidad".

Francia le ha dado la patada al avispero y ha tensado hasta lo indecible sus relaciones con Turquía, que ya se están viendo afectadas en lo militar y en lo económico. Además de su nacionalismo, Ankara quiere proteger la hacienda de posibles reclamaciones económicas procedentes de la diáspora armenia (la comunidad en el país apenas se pronuncia) que exija compensaciones y ve con preocupación la posibilidad de que el ejemplo galo se extienda a países como Alemania, que también cuentan con una numerosa comunidad de esta etnia. Más allá de la elección del exterminio en concreto (por qué no el bosquimano), la posibilidad de establecer por ley una verdad histórica y la penalización de su contrarréplica ha suscitado un debate apasionante. Los dirigentes turcos y algunos de sus intelectuales hablan de ley "racista y medieval" que establece una verdad oficial e impide el estudio y la diversidad de líneas de investigación. Sin embargo, el propio tribunal Supremo del país ha abierto las puertas a quienes deseen denunciar al escritor y premio Nobel Orhan Pamuk por sentirse agraviados por sus declaraciones de hace cuatro años a una revista suiza a la que aseguró: "Treinta mil kurdos y un millón de armenios han sido asesinados en Turquía y nadie se atreve a mencionarlo. Por eso lo digo yo". Libertad de expresión cuando conviene.

Apóstoles del pensamiento libérrimo, el famoso "odio lo que dices, pero defiendo tu derecho a expresarlo", y partidarios de la protección de la verdad oficial, "no es asumible un estado que se jacta de enmascarar la realidad, no pide perdón y pone sus arsenal de medios al servicio de una falacia contra una minoría", no se podrán de acuerdo con facilidad sobre si es bueno establecer tabúes históricos por ley. Hoy se trata del genocidio armenio, mañana del pueblo comanche y pasado alguien querrá dar carácter oficial a la prohibición de cuestionar la llegada del ser humano a la Luna. De momento, sostener una cosa en Turquía será delito, igual que pronunciar la contraria en Francia. Más que nunca, deberemos buscar la palabra adecuada en el lugar adecuado. Quienes cuentan con el suficiente desparpajo seguro que poseerán una verdad histórica para cada geografía, es cuestión de organizarse.

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