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Por favor, ¡no os pongáis enfermos!

 05:30  


Ana Sánchez

La salud de los/as valencianos/as está en riesgo. Se les ocultan medidas que ya se han puesto en marcha y van mucho más allá de una simple reducción de sueldos de sus profesionales. Bajo el epígrafe de «medidas para mejorar la eficiencia sanitaria» se esconden recortes destinados a desmantelar una sanidad pública de calidad, situada hasta ahora en los primeros puestos en el ranking europeo, a pesar de estar en la cola en cuanto a la inversión respecto al producto interior bruto.
Las medidas han empezado a aplicarse: la reducción del número de profesionales incrementará la saturación de las consultas en atención primaria y especializada y aumentará la demora y las listas de espera. La falta de médicos en las ambulancias SAMU obliga a cubrir huecos con médicos de los centros de salud. El mezquino ahorro en dietas de las personas hospitalizadas es un daño gratuito. El efecto de otras medidas, como la elección de tratamientos buscando los más baratos o la reducción en el material de curas, en material quirúrgico, en el número de prótesis, está todavía por concretar. Pero pueden costar vidas.
La situación empeora ostensiblemente para las personas con trastorno mental grave, que hace años ya fueron en buena medida excluidas del sistema sanitario público, asignando a Bienestar Social una parte importante de su asistencia sanitaria. Han sido y son segregadas, marginadas en recintos cerrados destinados a la contención y no a la recuperación y en manos de empresas privadas con ánimo de lucro que sólo algunas familias pueden costear. Uno de los escasos centros residenciales que entendíamos público, por pertenecer a la Diputación de Valencia, anuncia que a partir de ahora cobrará a sus residentes. Además, algunos servicios de corte más integrador y enfocados a la recuperación proporcionados por asociaciones de familiares, como la atención domiciliaria, los servicios de apoyo familiar o de integración sociolaboral, están próximos a desaparecer, ya que en 2011 se ha dejado de abonar el 100 % de las subvenciones de la Conselleria de Bienestar Social y el 60 % de las que correspondían a Sanidad.
La sanidad pública está en peligro, los recortes y el desvío sistemático de nuestros impuestos a negocios privados lleva años produciéndose. Es el modo de enriquecer a unos pocos en detrimento de la calidad de la atención sanitaria y de la salud de la población. Hasta hace poco se hacía despacio y con gran despliegue de medios propagandísticos al servicio de estos modelos privados, pero ahora, aprovechando esta crisis, que es más grave en nuestra Comunitat por la especulación, los grandes fastos, el desvío a amiguitos, los sobrecostes y corruptelas de nuestros gobernantes, la velocidad del desmantelamiento de la sanidad pública por desahucio se ha incrementado exponencialmente.
Los recortes van a cebarse con las personas más desfavorecidas, con menos recursos, ancianas o con patologías graves y crónicas, pero todos estamos concernidos, porque a todos nos afecta. La responsabilidad del daño que estas medidas produzcan sobre la ciudadanía recaerá, en primer lugar, sobre nuestros gobernantes, pero en parte también sobre los profesionales y el resto de la población si con nuestra pasividad lo consentimos. Tenemos derecho a responder como ciudadanos acudiendo a las movilizaciones en defensa del servicio público.


Sindicato de Médicos de Asistencia Pública

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