El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, dimitió ayer de todos sus cargos por su implicación en el caso Emarsa, en el que se investiga el «saqueo» de la depuradora de Pinedo, y por el que se le imputan delitos societarios, malversación y estafa. Crespo explicó ayer que ha tomado esta decisión para poder defenderse sin perjudicar a su entorno y a su partido. La renuncia se produce después de que el juez que instruye el caso, Vicente Ríos, impusiera el pasado lunes una fianza de 25 millones de euros de forma «solidaria y conjunta» tanto para Crespo, como expresidente del Emshi, como para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta. Es, precisamente, ese eslabón judicial el que ha dado la puntilla al alcalde de Manises, cuya debilidad política desde que comenzó el escándalo de Emarsa ha ido en aumento hasta hacer imposible su continuidad en las instituciones.
La decisión de abrir una comisión sobre el caso Emarsa abocaba, tarde o temprano, a este desenlace. Y aunque nadie le ha empujado a dimitir, tampoco, salvo Alfonso Rus, se lo ha desaconsejado. De hecho, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá no se abstuvo ayer de confesar que el hasta ahora responsable de la antigua Emarsa había «hecho lo que debía de hacer», aunque a renglón seguido matizara: «lo que ha considerado conveniente. Yo —concluía— no tengo más que reconocérselo». Ahora, la investigación judicial y política debe continuar acotando las responsabilidades que se deriven del caso.