El exilio de la sociedad civil valenciana

Juan Esquembre - Xavier Ribera

Después de la debacle sufrida por el sistema capitalista que se exteriorizó con la quiebra de Leman Brothers en pleno corazón de Wall Street, ha cundido la vieja idea que el Estado ha de regular el mercado ya que, dejando su funcionamiento libremente y sin cortapisas, ni se pone coto a conductas poco ejemplares ni se asignan eficientemente los recursos. Cabe pensar sin embargo, una vez que el Estado nos defiende a los ciudadanos de los excesos del mercado, quién nos protege de las acciones erráticas y abusivas del poder.
Cuando se formula esta pregunta a los políticos, la respuesta es unánime. La democracia, cada cuatro años, dispone de los mecanismos para salvaguardar al ciudadano de los abusos del poder. La verdad es que la sociedad firma un cheque en blanco a los políticos —gobernantes u oposición— válido durante toda la legislatura y sobre todo para los que ejercen el poder con mayoría absoluta. Una cosa es respetar los procedimientos electorales democráticamente aprobados y otra bien distinta, renunciar al control político de los que gobiernan y a la exigencia de que la oposición cumpla con su misión fiscalizadora.
No es necesario bucear mucho en la moderna ciencia política y en las experiencia de otros países para darse cuenta de la importancia que tiene para el ciudadano contar con instituciones, grupos, organizaciones o entidades que, sin ánimo de lucro, actúan de manera colectiva, fuera de las estructuras gubernamentales, tomando posición y decisiones que afectan a la defensa de los derechos individuales, políticos y sociales del conjunto de la sociedad. Jürgen Habermas, filósofo, sociólogo y politólogo, define a este conjunto de colectivos organizados como «sociedad civil», que con la previsión de sus actuaciones disfruta del reconocimiento y del respeto de los ciudadanos. Afirma el pensador alemán que la existencia de una sociedad civil bien estructurada y diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia. No se trata de innovar la democracia, sino de mejorar y actualizar los procedimientos democráticos de acuerdo con un ideal participativo que complementa la noción de la democracia representativa.
En la Comunitat Valenciana estamos viviendo una situación especialmente delicada que ha derivado en el descrédito de sus dirigentes políticos. Con el agravante de que las recientes convocatorias electorales —municipales, autonómicas y generales— han proporcionado unos resultados que, en principio, habrían de ser eficaces a lo largo de los próximos cuatro años, cuando los síntomas de decadencia —social, ética, política, económica y cultural— nos abocan a un túnel sin salida.
El hecho de que las fundaciones, entidades, instituciones y organizaciones de la Comunitat Valenciana estén controladas, directa o indirectamente, mediante criterios políticos, no nos puede dejar indiferentes, cuando conocemos adónde nos lleva esta forma de operar. Habría que recuperar o conseguir la independencia real de estos entes intermedios de la sociedad. Y tampoco es solución caer en manos de grupos oligárquicos que pueden aproximar las acciones a sus particulares intereses. La sociedad valenciana no puede permanecer impasible ante el declive de sus entidades representativas, de sus instituciones y del conjunto de sus intereses. La talla de una sociedad sólo se conoce cuando se levanta.