Gürtel acaba con la corrupción

Una ejemplar sentencia del Supremo no sólo demuestra que la trama Gürtel sigue viva, sino que goza de excelente salud y perspicacia jurídica. Los imputados que se consideran indefensos por las escuchas en prisión le han sacudido once años a Garzón. De haberse encontrado las víctimas en plenitud de sus facultades litigantes, habría que colgar al ahora presunto juez por los pulgares.
En su celo, el Supremo zanja un dilema esencial. ¿Por qué un presunto delincuente habría de tener una visión de la justicia más desenfocada que un juez? El paso siguiente consistiría en encomendarles directamente la gestión de los asuntos judiciales, ya que los dominan con tan certera sagacidad. Cabría añadir que Gürtel se maneja con más agilidad que en sus tiempos de esplendor y con una soltura quizás peligrosa, si obviar su flagrante indefensión no fuera motivo de desacato.
Con los tres juicios amontonados y perfectamente trabados, ha quedado demostrado que todos los garzones son iguales ante la ley, a falta de verificar la viceversa. Cabe incluso imaginar las futuras sentencias, que competirán en la calidad irreprochable que siete especialistas supremos pueden imprimirle a un texto. Rematada la faena judicial, los psicólogos deberán decidir por qué Garzón se inclinó por delinquir masivamente en el otoño de su carrera, después de sortear decenas de acciones dilatorias o mendaces rechazadas por sus superiores.
La rehabilitación de Gürtel gracias a sus argumentos irrefutables va más allá del estilismo judicial. La organización incomodada por Garzón ha acabado con la corrupción. Así lo creen hasta el noventa por ciento de las personas que han respondido a la pregunta de elpais.com, «¿cree que la condena perjudicará las investigaciones contra la corrupción?» Sólo un magistrado suicida acometería una instrucción de esa envergadura, a la vista de la peculiar protección que le brindarán sus superiores.
En la inevitable creación de doctrina, cabe concluir que la corrupción nunca es excesiva, pero pobre de quien cometa el mínimo desliz en su persecución. Una vez encauzada su benemérita labor de limpieza, Gürtel no debería detenerse en el castigo ejemplar a Garzón. Durante estos años se han prodigado comentarios ofensivos, que vulneraban la insoslayable inocencia de los miembros de la trama. Tal vez ha llegado el momento de instar el procesamiento del Papa, por haber participado en unos actos que ahora se quiere descargar sobre la defensa vulnerada de Gürtel.
La corrupción política desaparecerá a gusto de los partidos mayoritarios si se suprime a quienes se han atrevido a sugerir su mera existencia, por no hablar de quienes insisten en perseguirla. El Supremo deshace además el innoble sambenito de que es imposible unir a siete españoles en una opinión común sobre cualquier controversia. Es otro avance social que cabe agradecer a Gürtel.
Paradójicamente, la sentencia unánime del Supremo delata un país fracturado. Para una mayoría de españoles, Garzón es más juez después de su condena que la suma de sus juzgadores. Este desvarío brota de la nesciencia que caracteriza a la plebe. Ahora bien, en un régimen donde el poder emana de la trastornada soberanía popular, su opinión debiera ser un argumento de cierta enjundia. Procede por tanto constatar la decencia del ministerio público en las tres causas sustanciadas hasta la fecha.
En su dedicación exclusiva a Garzón, el Supremo ha olvidado el calado histórico del reo. Instalados en esta parcela de la reminiscencia subjetiva, la restauración de la imagen de Gürtel puede completarse con una reivindicación de la figura de Franco, cuyo mancillamiento a cargo del ya exjuez ha originado el rosario de causas penales victoriosas. Los dictadores muertos nunca se están quietos.
El Supremo no podrá evitar esporádicas críticas malintencionadas a su excelente sentencia. En cambio, ni los más osados se atreverán a achacarle falta de deliberación. El veredicto destila sentimientos amasados durante años, una observación casi entomológica del Garzón crecido por encima de su leyenda. El alto tribunal sanciona implícitamente a la media docena de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que se concentraron ante el Supremo al comenzar el juicio. Deberían ser desposeídos de su rango, y a buen seguro que se están arbitrando mecanismos para lograrlo.
Cabe imaginar finalmente el estupor de un contribuyente que pagó en primer lugar la extorsión de la corrupción, a continuación sufragó esperanzado la investigación, y vuelve a ser requisado para abonar la contrainvestigación que anula todo lo anterior. A falta de saber cuál es el principio salvaguardado después de tanto dispendio. Y si tendrá que volver a pagar.