Tras conocer en detalle lo que los últimos responsables de la Cam perpetraron hasta cargársela, es de agradecer que Ramos Carratalá y Oliver Narbona no estén entre nosotros. Pero aún hay —y lo que les queda— una hornada de históricos que, al igual que la mayoría de entidades financieras, no dan crédito. Desde la época de aquellos ilustres y posteriores, la caja se había caracterizado por buscar la eficacia, por devolver a través de la Obra Social buena parte de lo que esta tierra le ha dado y por preservarla hasta límites enfermizos. Cuando se produjo la salida de Miguel Romà y su sustitición por Juan Antonio Gisbert, la preocupación del presidente Román Bono fue la de asegurarse que quedaba claro que se iba porque quería y, los medios, nos frotábamos las manos. Con qué poco nos conformábamos. Gisbert modernizó el patrón, pero cogiéndosela con papel de fumar para no ir más allá de donde debía. A Zaplana no le convencía y no paró hasta desplazarlo, después de que Román Bono hubiera tenido que hacer el petate y de haber sido traicionado desde el consejo por los convencidos de que había que ser más laxos con el que mandaba en el Palau.
Ahí comenzaron a resquebrajarse las convicciones, marca de la casa. Luego, el equipo directivo, que tenía inoculado una cultura de empresa envidia del sector, sorprendió al respetable. Varió el rumbo de la manita de Roberto López y se pasó los mecanismos de control y gestión de riesgos por ahí mismo, sin que se denunciara ni desde dentro —encandilados con las subida de emolumentos— ni desde fuera. Del Instituto Valenciano de Finanzas poco podía esperarse pero, en el expediente que acaba de abrir el Banco de España a los responsables de la tropelía, no estaría de más que encajara un apartado a sí mismo. Algunos auguran penas de cárcel para los encartados. Lo dudo. Con que devolvieran las indemnizaciones sería para darse con un canto en los dientes. No se evita el desastre, pero sí que se rían.