Las revelaciones sobre la política de ascensos practicada por la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Marisa Gracia, entre diez trabajadores que defendieron, convenientemente instruidos, la tesis del accidente en la comisión investigadora creada en las Corts para aclarar el origen de la tragedia y depurar responsabilidades, han reabierto las muchas dudas que sembró la explicación de aquella catástrofe. Aunque la instrucción judicial se cerró sin detectar ninguna infracción penal, los detalles que se han desvelado sobre el modo en que la dirección de FGV instruyó a sus técnicos para que avalaran la tesis oficial y la constatación de que una decena de ellos mejoró ostensiblemente sus condiciones laborales tras declarar ante los diputados del Parlamento autonómico plantea nuevos interrogantes que alimentan la desazón de los familiares de las 43 víctimas del descarrilamiento, que siguen manifestándose todos los meses desde 2006 para luchar contra el olvido y aliviar sus ansias de justicia.
La actual consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ya ha salido en defensa de la directora de FGV y el PPCV se prepara para denegar en las Corts todas las iniciativas de la oposición que reclaman la reapertura de la comisión investigadora. Una sólida mayoría impedirá escarbar el pasado, pero al menos el grupo popular podría averiguar por qué las estaciones y túneles de FGV aún no disponen del plan de emergencias que exige la ley desde 2009. Eso es riguroso presente. Y bastante preocupante, por cierto.