El ajuste fiscal no conoce amigos. Tras más de una década en la que todo responsable público sostenía enfáticamente que en la nueva sociedad del conocimiento la educación y la I+D+i eran los pilares en los que se cimentaba el futuro de la competitividad y el bienestar de las sociedades. Ahora, la crisis y la solución elegida por el euro para hacerle frente, se han llevado por delante —en España— todos los discursos y las más sesudas estrategias de futuro: 2015, 2020, etcétera. En consecuencia, el presupuesto de las universidades se ha reducido significativamente y en 2011 sus ingresos públicos por investigación han caído más de un 25%.
Pues bien, estamos aquí iniciando 2012 partiendo de un déficit de la Generalitat Valenciana del 3,68% sobre el PIB liquidado en 2011, que es lo mismo que decir del 25% del presupuesto (quizás así se entiende mejor la magnitud del problema), y lógicamente, ha llegado la hora de apretarse el cinturón y faltan agujeros para sostener los pantalones. No se puede mantener esta situación, ni siquiera a corto plazo: nadie nos presta si no es con el aval del Estado, que obvia que tengamos un 10% menos de financiación por habitante que la media española y que su a vez nos exige bajar, en nueve meses, el déficit hasta el 1,5% del PIB, es decir, reducir el desequilibrio en 2.200 millones antes de cerrar el ejercicio 2012.
El Gobierno valenciano explica que ya se han hecho dos esfuerzos en esta dirección: 700 millones al hacer los presupuestos de 2012 y 1.057 millones con las medidas adoptadas en enero de 2012. En definitiva, quedará por hacer un esfuerzo adicional de unos 500 millones, siempre que los ingresos tributarios se sostengan. Rechazadas, por el momento, otra subida de impuestos o el copago, ¿a qué partidas de gasto les tocará? ¿Por qué no a las universidades públicas? ¿Qué esfuerzos han hecho hasta ahora? ¿Por qué quedaron al margen del decreto de ajustes de enero de 2010?
Primero, conviene recordar que las universidades públicas siguen soportando 768 millones de deudas acumuladas entre los ejercicios 2004 y 2008, años donde el crédito todavía fluía con abundancia y la Generalitat liquidaba incluso con superávit. Difícil de comprender, difícil de explicar. El importe adeudado equivale a una anualidad completa del Sistema Universitario Público Valenciano y la paciencia de las universidades contrasta con la agitación de algunos sectores por la acumulación de retrasos de algunos meses. En 2011 y 2012 no se ha cancelado nada de la citada deuda y se ha re-aplazado su pago desde el 2013 al 2022. La tensión de tesorería que esta situación ha provocado en las universidades es máxima y prácticamente insoportable.
Segundo, el Presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2012 se reducía un 0,9% en el sector Administración General respecto al de 2011, el de la Consellería de Educación lo hacía en un 2,4% y el presupuesto asignado a las universidades públicas lo hacía en un 9,4%. En consecuencia, las universidades públicas ya han realizado dos esfuerzos muy importantes para ayudar a la Generalitat a soportar sus problemas de liquidez y para colaborar en el ajuste presupuestario. Agregando al Presupuesto 2012 el efecto presupuestario del decreto de medidas para reducir el déficit de enero de 2012, el ajuste acumulado del sector Administración de la Generalitat sería del 5,9%, un 3,5% inferior al que ya han realizado las universidades públicas en términos presupuestarios.
El compromiso de las universidades va por delante. Siempre hemos ayudado cuando la Generalitat nos lo ha requerido. Todos tenemos la obligación de estar en el esfuerzo colectivo, las universidades públicas no han rehuido nunca su colaboración y han hecho un esfuerzo profundo, superior al de otras áreas de su mismo ámbito. Si todavía hay que seguir profundizando en el ajuste este año y el próximo, antes de diseñarlo deben considerarse algunos aspectos esenciales de su estructura de financiación y de su función social.
Hay que valorar si no es necesario revisar el actual equilibrio entre precios públicos y becas. Los precios públicos cubren escasamente el 20% del coste de las enseñanzas superiores y las becas son todavía una tercera parte de las que lo son en la UE. Tendría bastante sentido incrementar los precios, subir y ampliar la cobertura de las becas y ligar su mantenimiento al rendimiento académico de los estudiantes. Dependiendo de las magnitudes y las proporciones, ello podría suponer, por compensación, un ahorro presupuestario a la Generalitat.
Debemos calibrar cuál es el futuro que deseamos para nuestras universidades, evaluar su nivel de calidad y su rendimiento social. Es contradictorio, exigirles más rentabilidad social y más relevancia internacional (que la tienen en la franja de instituciones con disponibilidad de recursos equivalentes) y reducirles los medios para alcanzarla. No es la estrategia de nuestros competidores.
Los titulados universitarios aportan competitividad a las empresas, son más resistentes a la pérdida de su empleo (12% tasa de paro) y consiguen mayor estabilidad laboral (un 12% más de contratos indefinidos). El gran handicap de la economía española, y todavía más de la valenciana, es su falta de competitividad y un factor clave de dicha carencia es la no incorporación de tecnología e innovación en sus productos y servicios. Las universidades ayudan a reducir ese grave problema y lo deben hacer mucho más en el futuro.
Los ajustes fiscales deben ser inteligentes, no pueden limitarse a cercenar lo fácil o lo primero que encuentran a su paso. Los gobiernos tienen la obligación de plantearse las alternativas y las consecuencias de su aplicación. Las universidades sabemos que estamos en el mismo barco que la sociedad, pero también sabemos la importancia decisiva de nuestro trabajo para salir, más pronto que tarde, de este profundo socavón de la crisis.
