La homologación de las retribuciones de 24 responsables de fundaciones y empresas públicas de la Generalitat, que ven equiparado su salario al de director general, es una medida cuyo valor político supera al contable. Carecía de toda lógica que en esa Generalitat paralela los directivos tuvieran, al margen de un estatus casi de virreyes en una ciudad sin ley donde los contratos de personal y de servicios vulneran a menudo las normas, sueldos muy por encima del salario del presidente Alberto Fabra, que es quien está en la cúspide de una Administración que gestiona casi 14.000 millones de euros. Se han hecho dos excepciones en directivos cuyo sueldo, tras severas rebajas, se equiparan al salario del jefe del Consell. Nadie cobrará más que Fabra.
Con la rebaja hasta el nivel de director general, el listón salarial de los políticos de la Generalitat en su conjunto queda fijado a una altura más que prudente y hasta laudable si se compara con la escala retributiva de la España autonómica. En momentos de crisis, cuando los dirigentes de la Administración pública piden y aplican esfuerzos y sacrificios a trabajadores, empresarios y a los propios funcionarios, la contención del salario de los gestores públicos es la mejor lección de pedagogía política y cívica. Sería el momento de extender la medida a ayuntamientos, diputaciones o a las Corts Valencianes, instituciones cuyos regentes no pueden ni deben vivir de espaldas a la realidad, porque en circunstancias de alerta económica y social máxima no hay espacio para los oasis de privilegios.
