Los barones del PP descartaron ayer devolver competencias al Estado, tal como señaló el lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la Moncloa, quien se manifestó a favor de que las áreas de sanidad, educación y justicia dejaran de ser autonómicas. Los barones, sin embargo, sí han defendido la necesidad de reordenar las competencias para rebajar gastos y eliminar duplicidades, una música que se viene escuchando desde que comenzó la crisis económica.

En un documento firmado por todos los dirigentes del PP, se señala que «ha llegado el momento de acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan», de «clarificar» las competencias de las distintas administraciones» y de «racionalizar el uso de los servicios públicos, evitando su abuso». Cómo se armonizarán sus demandas para frenar el déficit sin erosionar el actual estado de las autonomías es todavía una incógnita.

En cualquier caso, en la reunión con Rajoy los barones se han comprometido a llevar a sus respectivos presupuestos para 2012 tanto el límite de déficit del 1,5 % marcado por el programa de estabilidad y el proyecto de ley de presupuestos del Estado, como los 10.000 millones de recorte en educación y sanidad anunciados por el Ejecutivo el pasado lunes. En el caso valenciano, se ha cifrado en mil millones el recorte, un «tijeretazo» de 700 millones en sanidad y 300 en educación. Las partidas afectadas por la tijera se sabrán, previsiblemente, en los próximos días. El presidente Fabra, que sólo es partidario del copago sanitario en última instancia, asumió ayer el recorte de mil millones y pidió un mayor esfuerzo de austeridad.